donostia – Los presupuestos forales de 2016 destinarán once millones para garantizar la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI). Así lo confirmó ayer la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, quien negó que su departamento se esté planteando eliminar esta prestación puesta en marcha en la anterior legislatura de la mano de Bildu y que no tiene reflejo en ninguno de los otros territorios vascos.

Peña compareció ayer en las Juntas Generales para explicar la postura que ha adoptado su departamento con respecto a estas ayudas, especialmente después de que la pasada semana representantes de EH Bildu le acusaran de mantener una actitud “xenófoba” y “marotista”, cuyo único fin era “quitarse de encima” la AGI.

La diputada negó que el departamento se esté planteando eliminarla, si bien explicó que se está llevando a cabo una evaluación de la misma para comprobar “su eficacia y si cumple los objetivos para los cuales fue creada”. De esta forma, el Departamento de Políticas Sociales ha enviado un cuestionario a los técnicos de los ayuntamientos, ya que son estos “los que trabajan directamente, a pie de calle, con las personas que reciben estas ayudas”.

Sin embargo, a juicio de EH Bildu las preguntas “tienen un claro tinte xenófobo”, “están pensadas para justificar el objetivo que buscan” y “apuntan a una respuesta determinada”. “Las preguntas son, directamente, impresentables y dan ganas de ir al Ararteko, directamente. Las preguntas contraponen dos grupos: las personas que residen en Gipuzkoa y las que cobran la AGI. Está de sobra que se generen este tipo de sospechas sobre un colectivo. En las preguntas se vincula la ayuda con el efecto llamada y se cuestiona si quienes cobran la prestación están en una situación de pobreza”, censuró el juntero de EH Bildu Ernesto Merino, para quien esta actitud tiene un objetivo claro: “Ahorrar dinero a cuenta de quienes peor están”.

evaluación en 2013 Ante estas acusaciones, el director de Planificación, Carlos Alfonso, recordó que la AGI ya fue sometida a una evaluación similar en 2013, también mediante un cuestionario. Entonces, el departamento que dirigía Ander Rodríguez decidió ampliar de seis meses a un año el periodo de carencia para poder solicitar la ayuda.

“Estoy, cuando menos, extrañado, porque el informe y el cuestionario de ahora y el de 2013 lo prepararon los técnicos del departamento”, expuso Alfonso, al tiempo que aseveró que ningún ayuntamiento se ha quejado por el contenido de las preguntas.

“Este departamento se va a cuestionar absolutamente todo en aras de obtener una mayor efectividad de los servicios públicos prestados. Se están recabando datos estadísticos y, posteriormente, vendrán las opiniones políticas. Pero la intención es atender todas las necesidades de Gipuzkoa por igual, con prestaciones y ayudas que sean eficaces. En un inicio, la AGI se presupuestó con 700.000 euros; ahora cuenta con once millones. Si hay que pagar más, se pagará”, completó la diputada.

Finalmente, se comprometió a presentar en las Juntas Generales las conclusiones del estudio que se está llevando a cabo.

el cuestionario

La introducción. Han pasado dos años y medio desde que (…) se establece la Ayuda de Garantía de Ingresos. Este nuevo Gobierno considera necesario valorar el cumplimiento de los objetivos, logros y repercusiones tanto de esta ayuda como de otras prestaciones y servicios gestionados por la Diputación. En cuanto a la AGI, ya se han realizado evaluaciones anteriores, pero consideramos que es un momento adecuado para compartir nuestro análisis y recoger la valoración de los agentes más cercanos a las personas beneficiarias, sean entidades del tercer sector o, como en este caso, los servicios sociales municipales.

Las preguntas. A día de hoy ¿cree que la AGI sirve para mejorar la situación de las personas residentes en Gipuzkoa que se encuentran en situación de pobreza o cree que únicamente está atendiendo a personas nuevas que van llegando a Gipuzkoa? ¿Cree que la AGI tiene un efecto llamada? ¿Cree que los solicitantes han llegado a Gipuzkoa porque existe la AGI? ¿Cree que si se suprime la AGI se dejará a muchas familias en desprotección o cree que simplemente se reducirán los flujos migratorios sin repercutir negativamente en las personas residentes en Gipuzkoa? ¿Opina que la ayuda debe mantenerse o que no? Si considera que la AGI debe mantenerse pero que deben adecuarse sus requisitos ¿tiene alguna propuesta? Si considera que la AGI no debe mantenerse, ¿qué debería hacerse con la población beneficiaria actual? ¿Deberían mantener el derecho durante un tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiere hacer alguna observación?