La Generalitat presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide que confirme «en todos sus extremos» el decreto ley autonómico que regula el acceso universal a la atención sanitaria, impugnado por el Gobierno, al entender que no tiene «ningún vicio de inconstitucionalidad».

El Consell ya solicitó el mes pasado al Constitucional que levantara la suspensión de la norma, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, que fue aprobada en julio, y que el Ejecutivo central recurrió al entender que suponía una extralimitación competencial.

La Generalitat ha presentado ahora un nuevo recurso para pedir que se desestime la pretensión de inconstitucionalidad del decreto ley, en el que argumenta que el Constitucional «reconoce la posibilidad de que las comunidades autónomas mejoren el mínimo estatal prestacional en materia de sanidad».

El recurso considera que no se puede hacer «ningún reproche» a la forma ni al fondo de la norma, ya que pretendía paliar una situación «de urgente necesidad», atendiendo al cumplimiento del principio de universalización de la atención sanitaria y de garantía de igualdad en su acceso.

También argumenta que se estableció en el marco de la doctrina constitucional – relativa a que las autonomías pueden dictar normas en materia de sanidad dirigidas a una mejora en su ámbito territorial – , y que no interfiere en las competencias de aseguramiento del Estado.

Además, expone que el Gobierno asegura un nivel mínimo homogéneo o un nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, pero este puede mejorarse por las comunidades, en virtud de su competencia sanitaria y de su autonomía financiera, a través de su cartera de servicios complementarios.

Por tanto, la Generalitat indica que su decreto ley parte de su «libertad» para configurar su cartera complementaria de servicios, y deja claro en el articulado que el colectivo de personas que pasarán a ser atendidas «no son, ni pueden ser, asegurados o beneficiarios» de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

«Nada más lógico que una comunidad autónoma con recursos suficientes para ello, en uso de sus competencias, pueda extender los instrumentos de protección sanitaria más allá del mínimo general del Estado», asevera la Generalitat.

El recurso defiende además que se usó la figura del decreto ley por una necesidad «extraordinaria y urgente» justificada, ya que el objetivo de la norma proteger la salud de todas las personas, incluidos los inmigrantes, y paliar la situación de colectivos con acceso limitado o no reglado a la sanidad pública valenciana. El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite a principios de noviembre el recurso del Gobierno central contra la Ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria.