La Coalición por el Derecho a la Salud denuncia no solo la continuidad del decreto que anuló el derecho a la asistencia sanitaria a personas migrantes en situación irregular hace ya tres años sino, incluso, el incumplimiento de sus excepciones. El SCS está facturando de 2.400 por una operación de urgencia hasta 15.000 euros por un parto y atención al bebé en neonatos.

El Servicio Canario de Salud está facturando la asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular en los supuestos de excepciones que refleja el Real Decreto 16/2012. Según la Coalición por el Derecho a la Salud, que está formada por las organizaciones Acciónenred – Canarias, Yo Sí Atiendo, Cáritas Diocesana de Canarias, CEAR, Médicos del Mundo y Cáritas Diocesana de Tenerife, está cobrando urgencias, embarazo, parto y posparto, menores de edad, personas solicitantes de protección internacional y víctimas de trata en periodo de restablecimiento y reflexión.

Este es el caso de una embarazada mauritana que dio a luz a su bebé el pasado 7 de octubre en el Hospital Universitario Materno – Infantil de Gran Canarias. Tras el parto, su bebé tuvo que ser atendido en la UCI, donde permaneció ingresado quince días. Mustafá Gala, de Cáritas Diocesana de Canarias, presentó el caso de esta mujer que recibió una factura por un importe total de 16.200 euros, a razón de 2.793 euros en concepto de  parto y 13.406 del ingreso de su hijo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Esta plataforma presentó otros ejemplos de la vulneración de los derechos a la salud como el de Hassan Il Asred, de Marruecos, quien jugando al fútbol se rompió el talón de Aquiles tuvo que ser intervenido de urgencias, Se le pasó una factura de 2.400 euros, denuncio ayer públicamente respaldado por el colectivo.

Coalición por el Derecho a la Salud convocó este miércoles una rueda de prensa para denunciar que “a día de hoy se siguen produciendo vulneraciones del derecho universal a la atención sanitaria”, aseguró Elena Cáceres, de Médicos del Mundo. Añadió que esto solo demuestra el incumplimiento de un compromiso adquirido por los partidos políticos que conforman el Gobierno canario (CC y PSOE) que a pesar de suscribir un manifiesto en favor de devolver la sanidad pública a los inmigrantes irregulares.