El problema se aplaza, pero no termina. El espacio sin fronteras Schengen ha dejado de ser un dogma de la integración europea para entrar en el siempre peligroso terreno de lo cuestionable. A pesar de esto, la reunión de los ministros de Interior de los Veintiocho, de este pasado viernes, terminó con un relativo triunfo tras haber conseguido domesticar, al menos por el momento, a Grecia y haber aplacado, también quizás por el momento, a los halcones que piden un nuevo orden de las reglas del juego. En medio de estos intereses cruzados, la Comisión Europea vuelve a batallar para moverse en ese terreno tan marcadamente ambiguo de los acuerdos europeos que permita seguir salvando los muebles.

El Gobierno de Alexis Tsipras se vio obligado a capitular y a pedir a lo que se había resistido desde hace meses: ayuda para el control de sus fronteras exteriores a través de la agencia europea Frontex, equipos de intervención rápida y la puesta en marcha el mecanismo europeo de protección europeo. Una pérdida de soberanía que se produce en medio de un anquilosado proceso de acogida de refugiados por parte del resto de países europeos que se comprometieron al reparto de 160.000 demandantes de asilo varados tanto en Italia como en Grecia provenientes de Siria y Eritrea y que todavía no ha llegado ni al 1% de este objetivo. Atenas consiguió los encendidos elogios de la Comisión Europea en lo que parece ser un cierto balón de oxígeno.

La capitulación se produjo después de que la presidencia luxemburguesa pusiera sobre la mesa un texto en el que por primera vez aparecía la posibilidad de ampararse en el artículo 26, que permite a los países europeos prórrogas sucesivas de los controles internos de fronteras hasta el límite de los dos años si no están debidamente protegidas las fronteras exteriores. Una posibilidad que necesita un informe favorable de la Comisión Europea y que fue interpretado como una alusión directa a Grecia, a pesar de que en ningún momento se mencionaba a ningún país en concreto y de que a Italia también se le acusa de no estar haciendo lo suficiente en el registro e identificación de los demandante de asilo. De hecho, esta posibilidad fue interpretada por buena parte de la prensa internacional (el documento fue debidamente filtrado) como una expulsión de facto de Atenas del espacio sin fronteras Schengen, a pesar de que la literalidad del texto no era tan explícita. Una presión política que había venido acompañada de propuesta inéditas como la creación de un espacio Schengen restringido por parte de Jeroen Dijsselbloem, actual presidente del Eurogrupo.

Alemania y Austria decidieron el pasado mes de septiembre la introducción de estos controles al alegar circunstancias excepcionales en la gestión de refugiados previstos en los artículos 24 y 25, de una trascendencia mucho menor que el 26. Una posibilidad que solo puede plantearse durante seis meses y que termina durante el mes de marzo. Si la situación se agrava, deberían acogerse al artículo 26 para prorrogar en un movimiento que podría ocasionar un efecto dominó y que obligaría a la Comisión Europea a actuar como juez, ya que para la introducción temporal de los controles actuales no ha sido necesario el beneplácito el ejecutivo comunitario.

Fruto de esta ambivalencia, las propias palabras del Comisario de Inmigración, Dimitris Avramópulos, al considerar que una prórroga hasta dos años lejos de matar lentamente Schengen puede ser una manera de reforzarlo. Dentro de este tira y afloja, en el drama de refugiados todo vuelve a estar prácticamente en la casilla de salida. La Comisión Europea no ha sido capaz de imponer un sistema de cuotas obligatorias, los acuerdos hasta ahora se cumplen con cuentagotas y la propia desconfianza de los demandantes de asilo hace muy difícil su identificación. Sólo ha habido acuerdo en dar más dinero a Turquía para que actúe como Estado tapón ante los flujos de refugiados y hacer la vista gorda ante el retroceso en los derechos fundamentales de gobierno de Erdogan. Algo que no habla demasiado bien de la Unión Europea.