El preso marroquí de 24 años detenido este viernes en la cárcel 
donostiarra de Martutene estaba sometido a  un tratamiento psiquiátrico
en prisión en la que había compartido  celda con el otro arrestado, un
vasco de 32 años con iniciales M.P., han informado fuentes de la lucha 
antiterrorista.

MADRID. Estas mismas fuentes han confirmado que a ambos se les había  concedido el tercer grado penitenciario, pero Mounir Morabeti llevaba  semanas sin salir de la prisión vasca. En concreto se le suspendió el  régimen abierto de semilibertad (pueden salir a diario y volver al  centro para dormir) después de que hace aproximadamente un mes  difundiese un vídeo en el que se le veía quemando su propio pasaporte  marroquí.

Los especialistas antiterroristas apuntan a que este gesto  constituye algo así como un ritual habitual de adhesión al Estado  Islámico y que se puede ver en multitud de vídeos grabados por este  grupo terrorista. Las fuerzas de seguridad consideraron entonces que  Morabeti se había convertido desde ese momento en una figura  imprevisible y se le revocó el tercer grado.

Este viernes ha sido arrestado en la cárcel mientras que su  compañero ha sido detenido en su localidad natal de Zumarraga, donde  compaginaba su tercer grado con un empleo en una nave industrial.  Morabeti llevaba en la cárcel desde el año 2010 por varias condenas  relacionadas con hurtos principalmente, algunos de ellos con  violencia. Las fuentes consultadas indican que estaba prevista su  expulsión a Marruecos en el momento en el que terminase de cumplir su  pena.

NO LLEGÓ A CONVERTIRSE Era una persona fácilmente influenciable, según otras fuentes, que  apuntan a que había sido captado a la ideología salafista por otros  presos antes de convertirse él en dinamizador de otros reclusos. La  Policía le otorga un papel de ascendencia sobre el otro arrestado .El vasco M.P. no se había llegado a convertir al salafismo, aunque sí  participaba activamente a la hora de compartir vídeos violentos y  hacer comentarios sobre ellos, ya fuese jaleando los asesinatos o  mofándose de las víctimas.

Durante su tiempo fuera de prisión interactuaban en las redes  sociales con sus propias identidades difundiendo vídeos de corte  yihadista. Algunos contenidos en su poder ya habían sido retirados de  la circulación por los servidores de redes sociales habituales por su  alto carácter violento. En el caso de Morabeti, los investigadores  creen que conseguía el material audiovisual conectándose a internet  en locutorios.

M.P. estaba en prisión por haber participado en una pelea  en la que resultaron heridas varias personas. Los expertos en la  lucha antiterrorista advierten de que los internos  radicales buscan a la hora de adoctrinar a otros presos que tengan  cortas condenas pendientes y que puedan salir pronto de prisión para  seguir con los postulados yihadistas.

Los especialistas de la Brigada Provincial de Información de la  Comisaría de Donostia comenzaron a seguir la pista a Morabeti  después de detectar que realizaba reuniones sospechosas con grupos  reducidos de jóvenes en la localidad guipuzcoana de Rentería. A estos  encuentros acudía el ahora detenido adoptando medidas de seguridad  para evitar ser vigilado por las fuerzas de seguridad. Bares o  bajeras eran los lugares de encuentro.

Allí se intercambiaban abundantes contenidos de propaganda,  adoctrinamiento y enaltecimiento de las actividades del DAESH. Entre  estos se encontraban grabaciones de atentados, ejecuciones,  decapitaciones y entrenamiento de niños como yihadistas. Estos  contenidos los acompañaban con comentarios de burlas a las víctimas,  palabras de aliento a los autores, y amenazas a autoridades y a  “todos los funcionarios españoles”.

180 BAJO VIGILANCIA

La operación se ha desarrollado dentro del Plan Estratégico  Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN – LCRV), que  contiene un apartado específico para combatir la radicalización en  los centros penitenciarios.

Según informan fuentes de la lucha antiterrorista,  actualmente las prisiones españoles mantienen un seguimiento sobre  180 presos, incluidos en este plan contra la radicalización violenta  en los centros penitenciarios españoles. Se da la circunstancia de  que esta cifra es mayor que los presos encarcelados por delitos  relacionados con el yihadismo, unos 90.

Ya el pasado 23 de noviembre la Policía detuvo también a un  recluso en el Centro Penitenciario Segovia que, desde la cárcel,  trataba de captar y adoctrinar internos para el DAESH (Estado  Islámico) con la intención de formarles en los ideales de la  organización terrorista. Este arresto fue la segunda parte de una  operación que provocó otros dos arrestos a finales de octubre también  de dos presos.