Barcelona sigue presionando a los manteros con policía uniformada permanente dispuesta en Sagrada Família, Parc Güell, plaza de Catalunya, Portal de lÀngel, Rambla y paseo de Gràcia. Los aprieta desde el 9 de noviembre, cuando los echó del Port Vell, pero no los ahoga.

Durante este mes de noviembre la Guardia Urbana ha intervenido 400 fardos de productos falsificados, se ha llevado a 20 manteros a una comisaría para identificarlos y ha terminando imputando un delito contra la propiedad industrial por vender material falsificado a seis de ellos.

Son cifras reducidas en comparación con las registradas en los meses de verano, cuando se desataron los enfrentamientos entre manteros y policías, sobre todo a raíz de la muerte del vendedor que cayó al vacío desde un tercer piso durante un registro de los Mossos en un piso de Salou, el 11 de agosto.  

Las peleas, entre policías que querían llevarse fardos y manteros que no estaban dispuestos a dejárselos quitar pagan la mercancía con su dinero, provocaban, además, daños colaterales: ciudadanos heridos, al ser embestidos por una desbandada de senegaleses o recibir el impacto de una pedrada lanzada contra la policía. Esta tensión, que en verano situó el ‘top manta’ encima del montón de temas por resolver de la alcaldesa Ada Colau, la alivió temporalmente el descubrimiento del oasis del Port Vell.

Cuando los manteros se hicieron con el puerto se terminaron los episodios de violencia pero se asentó la venta ilegal en Barcelona. El número de estos vendedores ilegales se dobló. El limbo competencial del puerto generó un efecto llamada sobre vendedores de otros lugares de la costa catalana. En la acera del Moll de la Fusta, un área que depende de la Autoridad Portuaria, cuya policía no dispone de suficientes efectivos para perseguirlos, se acumularon más de medio millar. Incluso aparecieron los primeros manteros paquistanís y chinos una auténtica rareza hasta la fecha cuando corrió la voz.

El 9 de noviembre se activó la operación Colón, que los echó de allí. Desde entonces, cada día a las siete de la mañana aparcan 12 furgonetas de antidisturbios de los Mossos para reforzar a la policía portuaria. Deshacer este mercadillo ilegal logró que los vendedores que no eran de Barcelona regresaran a sus ciudades.

El ayuntamiento razona que ahora puede volver a concentrarse en los manteros locales, unos 200. Y reactivar las medidas sociales que el equipo de Colau quiere ofrecerles. El comisionado de Seguridad del ayuntamiento, Amadeu Recasens, nunca ha dejado de repetir que la fuerza de los policías puede arrinconar el problema pero no resolverlo.

Ahora el dilema está justo como estaba antes de los enfrentamientos de verano. Con manteros y policías jugando al gato y al ratón por Barcelona. Pero ni los unos ni los otros quieren repetir los errores del pasado. El protocolo Víctor Alfa con el que trabaja la Urbana detalla tres pasos que todo agente debe seguir. El primero pasa por avisar a los manteros para que se retiren; el segundo, por intervenir el material si se niegan, y el tercero, por pedir refuerzos también a los Mossos si se muestran agresivos.

El protocolo ha dejado espacio para una convivencia pacífica entre ambos colectivos. Estos días los manteros deambulan de una parte a otra de la ciudad cargando los sacos a su espalda. Van en fila y en grupos reducidos. Siguen moviéndose en metro. Conocen los cambios de turno de la Urbana y los aprovechan. Se asoman a la plaza de Catalunya y a Portal de lÀngel cada mediodía, de dos a tres. Despliegan sus mantas con sumo cuidado y venden todo lo que pueden hasta que llega la siguiente patrulla. Esta se acerca sin prisas y ellos recogen sin asustarse. Incluso puede que vendedores y policías se sonrían educadamente al cruzarse.

Un mantero explica a este diario que agradecen este pacto no escrito. Hay más policía pero no nos quitan los productos y no hay ninguna pelea. Es cierto que venden mucho menos que en el puerto pero están "tranquilos y alguna cosa sí logran colocar a los turistas. Él se conforma con reunir 300 euros cada mes para mandar a su familia de Senegal.

Fuentes de la Guardia Urbana matizan que la presión se mantiene como siempre pero que la orden es evitar persecuciones y enfrentamientos. No hay violencia aunque se trata de un equilibrio inestable. La solución final, su integración en un circuito laboral legal, sigue sin aparecer.