La Fundación Alternativas ha considerado conveniente reforzar en España el régimen de alquiler social, ya que posibilita un mayor acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables como los jóvenes y desempleados.

Lo ha destacado en su II Informe sobre la desigualdad en España 2015, en el que ha vinculado los procesos existentes en este sentido con las principales políticas del Estado de Bienestar.

Quince expertos, entre ellos el director del informe, Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, han concluido que “la vivienda es uno de los factores que más contribuye a la pobreza y la desigualdad”.

De hecho, la tasa de pobreza en España salta del 22,2 % al 33,6 % cuando se toman en cuenta en la definición los costes de la vivienda.

El 14,3 % de la población destina más del 40 % de su ingreso disponible a vivienda (11,7 % de media en la UE) y ese dato llega al 50,4 % entre las personas que viven en régimen de alquiler.

Esta Fundación cree necesario aumentar las zonas de reserva de vivienda de interés social, usar viviendas ya construidas para aumentar el parque disponible de alquiler social, y crear ayudas públicas para el pago de la vivienda en hogares en situación de sobreesfuerzo financiero en vivienda y riesgo de exclusión social.

Por otra parte, el informe recuerda que la pobreza severa pasó del 3,8 % en el 2004 al 7 % en 2012 y que como resultado de la descentralización del sistema de garantía de ingresos existen “notables disparidades regionales” y en 2013 repuntó la desigualdad entre las distintas rentas mínimas.

Respecto al sistema educativo, la Fundación Alternativas destaca que tres procesos distintos han agudizado las desigualdades: el legado de las deficiencias educativas en generaciones pasadas, la afluencia de un elevado número de emigrantes desde los años 90 y la crisis económica desde 2008.

Asimismo, ha criticado los cambios recientes en el sistema de becas, que las han vuelto “más inequitativas y menos generosas”, y ha pedido revertir ese cambio e incluso introducir como complemento un sistema de becas – salario.

Sobre sanidad, el trabajo considera que la reforma de 2012, que excluyó a los extranjeros residentes sin autorización y a personas que no hayan contribuido, no se ha traducido en ganancias en eficiencia y sí ha reducido la igualdad del acceso.

La Fundación Alternativa también ha concluido que el fraude fiscal es “un factor más de aumento de las desigualdades al hacer recaer la recaudación evadida sobre los ciudadanos cumplidores”.