El Ayuntamiento de Barcelona ha instado al Gobierno a no reabrir el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, cerrado por obras hasta febrero, y a iniciar un proceso para cerrar todos los CIE de España.

La demanda está incluida en una declaración institucional impulsada y redactada por las entidades SOS Racismo Catalunya, Fundación Migrastudium y Tanquem els CIE, que se leerá en el pleno del próximo viernes y que llevará a la sesión el grupo de la CUP, que la ha suscrito junto al gobierno de BComú, CiU, ERC y PSC.

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, junto a los representantes de las tres entidades y del resto de formaciones municipales que la han hecho posible, han presentado esta declaración, similar a las aprobadas por el Parlament y por el Ayuntamiento de Valencia.

Asens ha señalado que el Ayuntamiento de Barcelona quiere contribuir a “aumentar la presión institucional” para que el CIE de Barcelona no vuelva a abrir acabadas las obras, porque “cerrar un espacio institucional donde se suelen vulnerar los derechos humanos” es una cuestión de “justicia” y de “decencia”. El consistorio se compromete, además, a garantizar la libre movilidad en la ciudad de todas las personas, “independientemente de su origen, condición social, cultural o religiosa”, también en el transporte público.

La declaración institucional también insta al Gobierno central a cesar las conocidas como deportaciones exprés, y al Ministerio del Interior a que no realice deportaciones en vuelos colectivos y a que derogue el Protocolo de Deportación de la Policía Nacional de 2007, que permite “la sedación forzosa, la inmovilización mediante camisas de fuerza, bridas o correas” de las personas que serán deportadas.

Asens ha considerado que los apoyos que ha recibido la declaración institucional son “suficientes para que el Gobierno central” escuche el rechazo hacia unos centros que vulneran derechos de personas que simplemente han cometido una falta administrativa, en sus palabras. “Debería avergonzarnos como sociedad”, ha dicho sobre los CIE, y ha asegurado que cerrar estos espacios es una cuestión de decencia y defensa de los Derechos Humanos, y algo que también pidió el Parlament en julio.

El representante de SOS Racisme Catalunya Edo Bazzaco ha tachado a los CIE de “agujero negro en un Estado de derecho”, mientras que Marga Garcia (Migra Studium) ha resaltado que la situación actual es una oportunidad única para que no se reabra el de la Zona Franca, y el activista de Tanquem els CIE Marc Serra ha pedido presión institucional para evitar esta reapertura, objetivo por el que convocarán una movilización el 30 de enero ante el centro.

Apoyo transversal de la oposición

El concejal de CiU Jordi Martí, que ha recordado que en el mandato del exalcalde Xavier Trias se trabajó para garantizar la orientación jurídica de los internos, ha resaltado que apuesta por cambiar los planteamientos legales ante las migraciones, y ha añadido: “El modelo de los CIE no es el nuestro, y no debería ser en ningún caso el modelo de una Catalunya independiente”.

Montserrat Benedí (ERC) ha defendido que el Ayuntamiento debe posicionarse siempre en contra de las prácticas que vulneren los Derechos Humanos, y ha coincidido en señalar que los republicanos esperan “que pronto en la república catalana se pueda hacer una nueva ley de extranjería”.

La portavoz municipal socialista, Carmen Andrés, ha apostado por una política migratoria distinta basada en el derecho internacional pero sobre todo en los Derechos Humanos, y ha pedido que, “sea cual sea la forma de Estado que tengan Catalunya y España, Barcelona sea una ciudad donde las personas, vengan de donde vengan, se sientan seguras y bien tratadas”.

La líder de la CUP en el consistorio, Maria José Lecha, ha avisado de que los CIE son el “paradigma del racismo institucional”, que también se refleja en otros ámbitos de la vida cotidiana, y ha pedido trabajar para eliminar la discriminación y los prejuicios.