Luz Seminario y sus hermanas Evelyn y Carmen siguen con la actitud que su madre les inculcó en vida. «Luchar y no callarse jamás las injusticias». Rosalina Solórzano fue asesinada en septiembre del año pasado, como publicó el martes este diario. Los autores trasladaron el cuerpo de la inmigrante peruana de 70 años residente en Valencia y lo abandonaron en un descampado de Paiporta, donde apareció un mes después. Hace sólo unos días, la autopsia reveló que su muerte responde a un crimen. Presentaba fracturas y signos de asfixia.

«¿Qué ser humano es capaz de algo así? Una mujer mayor que hacía su vida y no se metía con nadie…», se preguntan entre lágrimas. Los datos de los que disponen sobre la investigación les arrastran a una terrible conclusión: «Nuestra madre fue torturada, posiblemente para que revelara algo relacionado con sus ahorros o para que no hablara sobre alguna amenaza que sufría».

Se basan en las severas lesiones óseas que sufrió la víctima antes de morir, las evidencias de asfixia y los restos de alcohol etílico que han aparecido en sus pulmones. «Creemos que la golpearon para sonsacarle y quizá trataron de reanimarla haciéndole oler alcohol», describe Luz.

La víctima, una peluquera limeña, llegó a Valencia en 2010 después de sus tres hijas. Buscaban un reagrupamiento familiar. Antes de su desconcertante final, Rosalina estaba a punto de obtener la nacionalidad española. Cuidaba a una persona en Meliana, alquilaba habitaciones de su hogar y recibía ingresos mensuales por su trabajo y el arrendamiento de su casa de Lima. «Ingresaba puntualmente sus ganancias en el banco, pero del dinero de sus tres últimos meses no hay ni rastro», describen las hijas.

«Tampoco se sabe nada de su bolso, su teléfono móvil, el título de propiedad de su casa en Perú, su documento de identidad, sus tarjetas de crédito y un pendiente», ennumera Evelyn. Las cuentas de la mujer adscritas a esas tarjetas fueron vigiladas cuando desapareció. «Y ni un solo movimiento». Tras confirmarse su muerte en octubre de 2014, la casa de Rosalina fue devuelta al banco, puesto que la vivienda estaba sujeta a una hipoteca.

Esto supuso la dispersión de los inquilinos con los que convivía, tres hombres de diferentes nacionalidades. «La Guardia Civil los interrogó en su momento. Creemos que están identificados y localizados por si hay que averiguar más cosas pero de momento ninguna prueba los incrimina», aclara Luz.

La familia teme que el año transcurrido hasta la confirmación del crimen haya servido para que los autores destruyan pruebas o hayan puesto tierra de por medio. El juez de Torrent no ha autorizado la incineración del cadáver por si se precisan nuevos análisis. «Estamos agradecidas por su interés. Pretende reactivar el caso desde cero y confiamos en el trabajo de la Guardia Civil». El caso recae ahora en el grupo de Homicidios de la Policía Judicial.