En su primera comparecencia ante el Parlamento vasco, el Ararteko, Manu Lezertua, censuró ayer con dureza la «amalgama desafortunada e infundada» que vincula «injustamente» las prestaciones sociales con el fraude. Lezertua insistió, de hecho, en que los datos no corroboran en absoluto la sensación que se ha extendido en una parte de la sociedad. Según dijo el Defensor del Pueblo vasco, las supuestas irregularidades que han salido a la luz son «aisladas» y no reflejan la realidad de las ayudas sociales como la renta de garantía de ingresos (RGI).

Tras un periodo de baja por enfermedad, Lezertua compareció ante el pleno del Parlamento autonómico para dar cuenta del informe anual de actuaciones de este organismo en 2014, que recoge 8.608 actas, de las que 6.378 corresponden a quejas. El ombudsman vasco centró parte de su intervención en el «animado debate público» que ha rodeado al sistema de protección social de Euskadi. Un debate en el que criticó se ha querido destacar más el origen nacional de las personas beneficiarias sobre otro tipo de consideraciones, como la situación de vulnerabilidad.

Lezertua explicó que generalmente los motivos por los que se deniegan, suspenden o extinguen las prestaciones no están relacionados con la existencia de fraude. En este sentido, reclamó un régimen «adecuado» de infracciones y sanciones por el que la suspensión de la ayuda «únicamente se imponga» cuando no se cumplan los requisitos exigidos por Lanbide, de forma que se garantice que los ciudadanos disponen de «ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades más básicas».

El representante de la Defensoría del Pueblo vasco aseguró a este respecto que la crisis financiera y económica ha tenido un fuerte impacto en muchos hogares, pero aún más en los inmigrantes, que se encuentran en «situación de mayor vulnerabilidad». Lezertua destacó como «elemento emergente sumamente preocupante la pobreza infantil de los menores extranjeros».

El Ararteko también reclamó una reflexión en profundidad de los criterios prioritarios que se utilizan para acceder a las plazas en los centros escolares. Censuró, en particular, la práctica «fraudulenta sobradamente conocida por la Administración educativa» de utilizar el padrón para poder lograr una plaza en una escuela. En este sentido, criticó que no se hayan tomado medidas suficientes en esta materia y aseguró que sería «deseable» que se concitase un «mínimo consenso» en torno al modelo educativo propio, como ocurrió con la actual Ley de Escuela Pública Vasca.

Lezertua se adentró también en la Ley de Vivienda, que garantiza la posibilidad de exigir el derecho a un piso social ante los tribunales. Una legislación que recordó debe ir acompañada de un «importante esfuerzo presupuestario» por parte de las administraciones públicas vascas para dar una «respuesta efectiva» a la creciente demanda de vivienda protegida en régimen de alquiler.

«Perfiles raciales»

Lezertua informó asimismo de que las quejas sobre el ejercicio de la función policial han vuelto a suscitar cuestiones «recurrentes» relativas a situaciones de abuso de «autoridad» y la negativa de ciertos agentes a facilitar su número de identidad profesional. Además, ha recomendado al Departamento de Seguridad que adopte medidas para prevenir «perfiles raciales» en las actuaciones de la Ertzaintza, al considerar que no es útil contra la delincuencia, carece de justificación y es discriminatorio.

Lezertua recordó también que el pasado año se produjeron en Euskadi tres asesinatos de violencia de género y reclamó una evaluación exhaustiva de cada caso para evitar nuevos crímenes.

Además, apuntó que los alardes de Irún y Hondarribia siguen siendo espacios en los que, «con la cobertura de un cierto respaldo social», se mantienen desigualdades. A su juicio, es necesario que las instituciones públicas concernidas «actúen con la determinación necesaria para ponerles coto».