El Ararteko de la CAV, Manu Lezertua, ha censurado la «amalgama desafortunada e infundada» que vincula «injustamente» prestaciones sociales con fraude y ha asegurado que los casos de supuestas irregulares que han salido a la luz son «aislados» y no reflejan la realidad.

Manu Lezertua ha comparecido por primera vez ante el pleno del Parlamento de Gasteiz tras su toma de posesión para dar cuenta del informe anual de actuaciones de este organismo correspondiente a 2014.

El Ararteko ha centrado más su intervención en valorar la situación de protección de los derechos sociales que en los datos numéricos ya conocidos.

Así, ha señalado que en 2014 el sistema vasco de protección social ha sido objeto de un «animado debate público», en el que se ha destacado más el origen nacional de las personas beneficiarias de las ayudas sobre otro tipo de consideraciones, como la situación de vulnerabilidad, y «se ha creado una amalgama desafortunada e infundada que vincula prestaciones sociales con fraude», ha lamentado.

Lezertua ha asegurado que los motivos por los que se deniegan, suspenden o extinguen las prestaciones no están relacionados con la existencia de fraude, como se infiere del análisis de quejas que se han tramitado.

«Los casos que han salido a la luz en los medios de comunicación son aislados y no reflejan la realidad de las personas que solicitan estas prestaciones, ni su situación de pobreza», ha señalado.

Así, ha afirmado que la «mayoría de las personas» que han presentado quejas ante el Ararteko por haberse denegado su prestación «carecen simplemente de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades más básicas».

Junto a ello, ha aseverado que la crisis financiera y económica ha tenido un fuerte impacto en muchos hogares, pero aún más en los de inmigrantes.

«Las personas inmigrantes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en comparación con las familias autóctonas, sobre todo en los casos de familias monoparentales», ha matizado el Ararteko, quien ha destacado como «elemento emergente sumamente preocupante la pobreza infantil de los menores extranjeros».

Lezertua ha argumentado que la suspensión o extinción de las prestaciones únicamente debería imponerse cuando se deje de cumplir con los requisitos para acceder a ellas. El resto de incumplimientos deberían ser a su juicio objeto de sanción.