Un batallón de 600 agentes de la
Policía Nacional desalojó ayer el
colegio mayor San Juan Evangelista,
conocido popularmente como
El Johnny. Allí residían tres
centenares de okupas desde que
el centro, propiedad de la Universidad
Complutense, cerrara las
puertas a finales de julio del año
pasado. El enorme dispositivo policial,
en el que «han participado
la mayoría de especialidades del
CNP», según afirmó en rueda de
prensa el jefe superior de Policía
de Madrid, Alfonso José Fernández
Díaz, se saldó con la identificación
de 310 personas, de las
cuales 81 fueron detenidas, 77 de
ellas en cumplimiento de la Ley de
Extranjería y el resto por tener reclamaciones
judiciales.
Todo tipo de vehículos policiales,
unidades de la caballería y un
helicóptero, se apostaron desde
antes de las seis de la mañana en
los alrededores de El Johnny, en el
número 4 de la calle Gregorio del
Amo, donde, al igual que en el resto
de accesos, los agentes cortaron
el tránsito de personas y vehículos
antes de entrar en el edificio.
Allí la Policía se incautó de
varias bicicletas de BiciMad, pequeñas
dosis de marihuana, hachís,
cocaína y pastillas para consumo
propio. Los agentes también
requisaron una carabina, que, según
aseguró su dueño a este diario,
«era de perdigones». Efectivos
del Samur también se desplazaron
hasta el inmueble ubicado en
la Ciudad Universitaria para atender
a una familia que tenía un menor
a su cargo.
Entre los identificados había
personas procedentes de países
del África subsahariana, Cuba,
República Dominicana, Marruecos
y España. La mayoría de los
españoles presentaban estéticas
punkies y rastafaris y muchos de
ellos llevaban consigo perros —
hasta un total de 25— e incluso
varias ratas.
Los okupas denunciaron ante
los medios de comunicación que
la Policía no les había mostrado
ninguna orden de desalojo, si bien
la operación se ejecutó por orden
del juzgado de instrucción número
12 de Madrid.
Los primeros invasores llegaron
a El Johnny en agosto de 2014,
con su cierre definitivo, y al principio
su intención era la de crear
un centro social autogestionado
(CSOA). Según varios testimonios
recogidos por este diario, con el
paso de los meses comenzaron a
llegar numerosas personas procedentes de diversos países, lo que
provocó que la idea inicial se tornase
inviable y la comunidad se
volviera ingobernable. Unos definen
la convivencia como «una locura
», mientras que otros señalan
que eran «como una gran familia
». En todo caso, las fiestas
hasta altas horas de la madrugada,
las peleas y los destrozos se
convirtieron en parte de la rutina
del San Juan Evangelista,
lo que motivó numerosas
quejas de los
residentes en la zona.
Varias de las personas
desalojadas ayer
aseveraron que tuvieron
que pagar 200 euros
por poder utilizar
de manera indefinida
alguna de las habitaciones
del antiguo colegio
mayor. Según relatan,
un pequeño grupo de
cuatro o cinco individuos
era el beneficiario
de este negocio ilegal.
Los okupas se distribuían
en mayor o menor
medida por las seis
plantas del inmueble
en función de la nacionalidad,
aunque la creciente
llegada de personas
en los últimos meses habría
provocado que estas no se repartieran
de manera totalmente uniforme
al alojarse.
La mayor parte no alcanzaba
los 30 años de edad, aunque había
también algún anciano. Dentro
del edificio pernoctaban también
algunos menores de edad y
varias mujeres embarazadas, según
aseguraron varios de los desalojados
a las puertas de El
Johnny.
Algunos de ellos también denunciaron
la «brutalidad policial»
y el trato «como a terroristas» durante
el desalojo. Es el caso de
Vidal, un joven español que presentaba
una inflamación en la
barbilla, fruto de «un porrazo»,
según afirmó. «Lo que han conseguido
con este desalojo es que
ahora cada persona vaya a okupar
un piso», se lamentaba. «Me
han sacado a rastras y me han
empezado a dar golpes», aseveraba
a su vez Javi, español de 21
años, que argumentaba los motivos
por los que había decidido
okupar: «Soy trabajador y antes
podía pagar un alquiler. A nadie
le gusta vivir aquí, pero yo esta
noche voy a tener que dormir en
la calle porque no tengo familia
ni nadie que me acoja».
Otros, como el cubano Jorge
Guzmán, de 40 años, denunciaba
las pésimas alternativas ocupacionales
que le ofrecía España.
«Yo hasta hace un mes estaba en
un albergue de la Cruz Roja, pero
es mejor vivir de okupa que en
un albergue de este país. «Parecen
prisiones y todos los días a
las siete de la mañana te echan a
la calle», protestaba el hombre,
que definía el estado de El
Johnny como «completamente
desbaratado». Varias de las personas
desalojadas pudieron recoger
sus pertenencias, pero la
gran mayoría tendrá que acudir
el viernes a por ellas, según les
indicaron los agentes desplegados
a la entrada del colegio mayor,
donde los okupas permanecieron
durante horas tras el lanzamiento.
La Policía hará la
guardia y custodia del edificio
hasta que la Universidad vuelva a
hacerse cargo. La idea
de la Complutense es
proteger el edificio de
nuevos okupas con vigilancia
privada en todos
sus accesos.
El concejal del PP en
el Ayuntamiento de Madrid
José Luis Martínez
Almeida elogió ayer el
desalojo frente a la
«compresión» del Gobierno
municipal ante la
okupación. El edil del PP
ha criticado que el delegado
del área, José Manuel
Calvo, «haya sido
incapaz de condenar» la
okupación y «su mayor
preocupación ha sido
que el desalojo se hubiera
llevado a cabo con
las debidas garantías».
La portavoz municipal
de Ciudadanos (C’s), Begoña Villacís,
censuró que la okupación se
haya prolongado en el tiempo
cuando «todos» sabían lo que estaba
pasando en el colegio mayor y
aseguró que ante el fenómeno de
los okupas no se puede permitir
«ni media cesión».