Locales con licencia municipal en los que las meretrices que no ejercen forzadas por mafias puedan ofrecer sus servicios sexuales libremente. Ésa es la idea de Ciudadanos, que bendice la alcaldesa Ada Colau, para regular la «prostitución voluntaria en Barcelona».

Diez años después de que la capital catalana aprobara la restrictiva ordenanza que persigue con sanciones el sexo de pago en la vía pública, el nuevo Gobierno de Barcelona se propone impulsar un cambio «histórico» para dejar de castigar a las prostitutas que no son explotadas por proxenetas. Aunque admite que esas trabajadoras sexuales constituyen una minoría, el Ejecutivo municipal sopesa la apertura de una suerte de prostíbulos auspiciados por el Consistorio y sujetos a inspecciones para garantizar que las meretrices trabajan en buenas condiciones de «seguridad e higiene». De lugares «dignos» que permitan «dejar de utilizar el espacio público de manera intensiva» para ejercer habla la concejal de Feminismo, Laura Pérez.

Aunque la idea es todavía embrionaria, lo que en la práctica estudia el Consistorio es convertir esos establecimientos en locales de pública concurrencia –como sucede con las discotecas– en los que el Ayuntamiento pueda controlar que se ejerce la actividad para la que ha sido otorgada la licencia y revocarla en caso de detectar irregularidades. Confía el Gobierno municipal en que, de esta forma, podrá excluir a las mafias y proteger a las prostitutas. «Así, y con seguridad cerca para atenderlas, podremos velar para que no se vulneren sus derechos», defiende la líder de Ciudadanos en Barcelona, Carina Mejías.

Esta idea emana de la aprobación de una proposición del partido naranja para regular el sexo de pago voluntario que el martes recibió el aval de Barcelona en Comú (BComú), ERC y la CUP.

SUPRIMIR LAS MULTAS

La segunda línea de actuación que se ha puesto sobre la mesa es la supresión de las multas por ofrecer o consumar servicios sexuales de pago en la calle. Las sanciones ascienden hasta los 3.000 euros en caso de los clientes y hasta los 750 en el de las prostitutas. El pasado año la policía local barcelonesa impuso 1.218 sanciones. El Gobierno de Barcelona rehúsa especificar cuántas recayeron sobre las prostitutas, pero sí constata que sólo se acabaron cobrando el 10% de ellas y esgrime ese argumento como razón para enterrar una medida «inútil». Ciudadanos se muestra algo más cauteloso y pide «valorar la efectividad» de las sanciones antes de tomar una decisión al respecto, aunque Mejías duda de su «efecto disuasorio». CiU, PSC y PP, las tres fuerzas que se oponen al nuevo marco regulatorio, creen que se está allanando el camino a las mafias. La popular Àngels Esteller niega, además, que la prostitución «pueda considerarse un trabajo».

También son escépticos los barceloneses afincados en el Raval, el barrio en el que la prostitución y sus efectos colaterales está más presente. «Lo vemos todo muy confuso, sólo se tiene en cuenta la prostitución voluntaria, que es muy minoritaria, y no entendemos cómo estas medidas pueden arreglar la ocupación masiva de la vía pública para ofrecer sexo», considera Ferran Casademont. El portavoz de la asociación de vecinos de la calle Robadors, epicentro de la prostitución callejera en la capital catalana, denuncia una «inactividad policial» desde que Colau se hizo con la Alcaldía, que avala Conxa Borrell, presidenta de la asociación Aprosex. Esta entidad colaboró en la elaboración del programa electoral de BComú y aplaude sus recién anunciadas propuestas, pero advierte de que la «disminución de la presencia policial está provocando un repunte de las mafias» y pide la vuelta de la Guardia Urbana «para proteger a las mujeres, no para multarlas».

Sí celebra Borrell los nuevos prostíbulos de sello municipal. Los considera «imprescindibles» para evitar que el «trato» entre prostituta y cliente se realice en la calle y las meretrices sean «criminalizadas».

Genera, una de las asociaciones de apoyo a las trabajadoras sexuales más reconocidas de Barcelona, aporta un matiz crítico al recordar que la apertura de locales «no dota de derechos laborales» a las prostitutas y subrayar las «limitaciones» del Ayuntamiento para regular el sector por falta de competencias.