Instar al Gobierno español a que, «en el plazo más breve posible y en un máximo de seis meses», acuerde el cierre del Centro de Internamiento (CIE) de Extranjeros de Zapadores. Así reza el sentir principal de la propuesta de acuerdo presentada ayer por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia y que firman el propio alcale, Joan Ribó, el portavoz socialista, Joan Calabuig, y el portavoz de Valencia en Comú, Jordi Peris. La petición se basa en lo que ellos consideran «probado», como es la «violación sistemática de los derechos básicos de las personas, como confirman diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», según sostienen.

Todo ello pese a que, según la estadística judicial, del alrededor de 50 denuncias presentadas contra policías por los internos por presuntos malos tratos en la última década, todas han quedado archivadas. Actualmente siguen dos procedimientos en marcha en juzgados de Valencia con sendos agentes imputados.

La propuesta del gobierno muncipal llega una semana después de que se rechazara una visita al CIE por parte de una comitiva municipal, como publicó LAS PROVINCIAS. La solicitud la impulsaba Roberto Jaramillo, concejal de Cooperación y Migración del Consistorio.

La petición de autorización enviada a la Subdelegación del Gobierno incluía entre los asistentes a la visita (además de una abundante lista de representantes municipales) al presidente de Plataforma Intercultural Valencia y dos miembros del grupo Campaña CIE NO, la agrupación más activa en su reivindicación de cierre del centro de Zapadores este tipo de instalaciones.

La carta fue trasladada a la Jefatura Superior de Policía, que emitió una nota en la que desaconsejaba la visita. Según publicó este periódico, el dictamen policial no concretaba si la negativa se debió a la inclusión de personas ajenas a la corporación municipal o a otro motivo.

La propuesta lanzada por el gobierno municipal califica los Centros de Internamiento de Extranjeros de «ineficientes e innecesarios» y critica el gasto que conlevan: 8,8 millones anuales de gestión de los establecimientos y 11,9 millones para sufragar los vuelos de expulsión de los inmigrantes, según sostienen los firmantes.

Los responsables municipales solicitan también que nadie «sea identificado y detenido por cuestiones raciales y privada de libertad por el sólo hecho de encontrarse en situación administrativa irregular». La petición del Ayuntamiento de Valencia se une a la realizada hace un mes por Les Corts, con la aprobación de una proposición no de ley en la que se exigía el cierre del CIE de Zapadores.