Menores de 45 años, sin patologías crónicas y que usan poco la sanidad pública. Así son los cerca de 10.000 inmigrantes que no tienen tarjeta sanitaria en Canarias. Su incorporación al sistema “no supondría ningún quebranto para los presupuestos del Servicio Canario de Salud” porque “tiene un coste marginal negativo”. Derivarlos a las urgencias es menos rentable que universalizar la asistencia y permitirles acudir a Atención Primaria. Este análisis fue hecho por el propio consejero de Sanidad del Gobierno regional, Jesús Morera, que ayer volvió a lamentar, en comisión parlamentaria, la demora en la devolución de este derecho.

La situación descrita por el responsable de la sanidad canaria se debe a su propia experiencia, pero también a informes internacionales. “A principios de septiembre la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales publicó un informe en el que concluía que el acceso ahorraría dinero a los sistemas de salud nacionales. Estamos en condiciones de asegurar que la inclusión está recomendada desde un análisis coste beneficio”, dijo. “La exclusión de este sector de la población está suponiendo un perjuicio económico que el Servicio Canario de Salud (SCS) está soportando y que hasta la fecha no ha podido ser evaluado presupuestariamente”.

El consejero compareció a petición de Nueva Canarias (NC). Su portavoz, Román Rodríguez, denunció que el colectivo damnificado lleva cuatro años discriminado y que Canarias no ha hecho nada por remediarlo, como “sí ha ocurrido en otras regiones”.

Morera atribuyó el retraso a la burocracia – “nos hemos cruzado varios informes con la Consejería de Hacienda para intentar diseñar la nueva norma” – , pero insistió en que, según sus cálculos y los documentos que ha enviado su departamento al que tiene que cuadrar las cuentas regionales, no se trata de un problema económico.

“La incorporación de usuarios no tiene que significar un aumento proporcional del gasto. Introducir a 10.000 personas en el sistema no implica más dinero para infraestructuras o recursos humanos”. Insistió en que el elevado coste fijo del sistema hace que no se pueda calcular el gasto haciendo una media por persona. “Se trata de un colectivo mayoritariamente joven y sano y poco representativo de los grupos de más gasto. Se estableció como gasto diferencial el que podría generar por receta farmacéutica, que corresponde a 55 euros anuales”.

Más allá del coste, Morera apeló a la humanidad: “No pretendo que nos responsabilicemos de toda la pobreza del mundo, pero no me parece humanitario tener a personas en nuestra comunidad sin darles este derecho básico”.

Diez años, 6 farmacias

El consejero de Sanidad, Jesús Morera, prevé que a principios de 2016 esté lista la relación de admitidos provisionales al concurso de farmacias, al que se han presentado 545 aspirantes y quedan por baremar 30.

Esta fue la respuesta que dio al diputado del grupo Popular Guillermo Díaz Guerra, quien acusó al Gobierno de Canarias de ignorar a posta el nuevo mapa farmacéutico que necesita la Comunidad Autónoma. Díaz Guerra criticó que a pesar de la viabilidad económica de todas las boticas, en los últimos diez años solo se han abierto seis.