La RATP, la empresa que gestiona el autobús y el metro en la región parisina, sufre cada vez más problemas con la radicalización de algunos de sus empleados musulmanes. Se trata, según datos no confirmables, de una de las sociedades francesas con más trabajadores en el fichero S, la lista policial de musulmanes potencialmente yihadistas. Uno de los terroristas que asaltaron la sala Bataclan, Sami Amimour, uno de los terroristas, fue conductor de autobús en París hasta finales de 2012.

La Sociedad Autónoma de Transportes Parisinos (RATP) tiene 43.000 empleados. Los musulmanes constituyen una minoría. Y los musulmanes intransigentes, casi todos conductores de autobús, una minoría dentro de esa minoría. Pero su presencia se hace cada día más notoria. En 2012, un grupo de empleadas, entre ellas al menos una musulmana, difundieron un vídeo en el que denunciaban actos discriminatorios y vejatorios por parte de sus compañeros integristas. Estos compañeros se negaban a saludarlas, prohibían su acceso a las salas comunitarias que ellos habían decidido convertir en espacio para los rezos, e incluso se negaban a conducir un autobús si el turno anterior había sido efectuado por una mujer.

A raíz de esa denuncia, la dirección de la RATP efectuó una investigación interna y el resultado fue, en 2013, una lista de instrucciones llamada Código de Laicidad, en la que se prohibían las prácticas discriminatorias y la exhibición de símbolos y rituales religiosos. Un portavoz sindical indicó ayer que ese código interno no había logrado cambiar nada, pero relativizó el alcance del problema: «Somos una gran empresa con muchos empleados y es normal que en ella se viva alguna de las dificultades que afectan al conjunto de la sociedad», dijo. «Quienes al parecer vulneran el código son un grupo reducido de conductores», añadió.

La crisis interna de la RATP comenzó en 2011, meses antes de la protesta de las conductoras. Desde 2005, cuando los suburbios parisinos entraron en incandescencia y la alienación de la población musulmana se convirtió en un problema de Estado, los autobuses eran frecuentemente apedreados y sometidos a actos de vandalismo cuando circulaban por ciertas zonas de la periferia. Para tratar de resolver el problema, la empresa decidió contratar a 1.800 nuevos conductores procedentes de los suburbios y elegidos por su influencia en las comunidades musulmanas. Se les llamaba «hermanos mayores». A corto plazo, la medida fue un éxito. Los ataques a los autobuses se redujeron de forma súbita.

De forma simultánea, sin embargo, aumentó el integrismo musulmán en la empresa. La presencia de los nuevos conductores provocó un cambio colectivo. Sami Amimour, por ejemplo, se dejó crecer la barba y se afeitó el cráneo en esa época. La familia del terrorista autoinmolado el viernes asegura que Amimour no se radicalizó en una mezquita o, como otros, en una cárcel, sino en su puesto de trabajo. A finales de 2012, Amimour fue interrogado por la policía, como sospechoso de preparar un viaje a Somalia para unirse a un grupo yihadista. A raíz de ese interrogatorio, tras el que fue obligado a comparecer mensualmente en comisaría, dejó el empleo y preparó otro viaje. Al año siguiente estaba ya en Siria.

La actitud de los conductores integristas no afecta sólo a sus compañeras femeninas. Exigen comida halal en las cantinas y comen al margen de los otros trabajadores, se declaran enfermos por sistema cada viernes, para acudir a la mezquita, e interrumpen sus rutas a la hora de las oraciones. Y se niegan a conducir vehículos cuya publicidad exterior incluya imágenes de mujeres.

El diario Le Parisien informó ayer de que la RATP es una de las empresas francesas con más empleados incluidos en el fichero S. El dato no es comprobable, dado que el contenido del fichero es confidencial. Pero hace pocas semanas la empresa de metros y autobuses despidió a un agente de seguridad porque, además de estar incluido en el fichero de potenciales yihadistas, la policía le había considerado «persona de riesgo elevado» y le había retirado la licencia para llevar armas.