«No queremos crear centros de detención, nada más lejos», aseguró ayer el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos. Pero lo cierto es que la Unión Europea está dispuesta a privar de libertad a los inmigrantes que se nieguen a ser identificados en los centros de registro (hotspots).

Los ministros del Interior acordaron ayer en Bruselas dar luz verde al uso de «medidas coercitivas» contra los desplazados que no colaboren en el proceso de registro, incluida la «detención por un período de tiempo máximo necesario para completar los procedimientos» para la demanda de asilo. También hubo consenso generalizado a la hora de respaldar las expulsiones de todos aquellos inmigrantes que se nieguen a ser identificados durante el tiempo de detención: «Sin registro no hay derecho», recordó Avramopoulos.

Con estas medidas desesperadas, la UE trata de persuadir a los desplazados para que no emprendan la marcha por la ruta de los Balcanes y de poner orden en las colapsadas fronteras interiores. La situación todavía es más caótica en Grecia e Italia. Sus centros de identificación están al límite, por la insuficiencia de las infraestructuras. «Hay países que no son capaces de gestionar sus fronteras, hablando claro […]. En Grecia no pasa un día sin que lleguen a sus islas casi 10.000 personas», reconoció ayer el ministro del Interior luxemburgués, Jean Asselborn, quien advirtió al resto de socios europeos de que «no es realista» pensar que Atenas y Roma pueden gestionar solas sus fronteras, y mucho menos en vista de la parsimonia con la que los Estados miembros están reubicando a los asilados.

Tensión en el Gobierno alemán

Apenas han pasado cinco días desde que el Gobierno alemán llegara a un acuerdo en la crisis migratoria, y los tres socios de coalición ya han encontrado un nuevo tema de disputa. El viernes pasado, el ministro de Interior, Thomas de Maiziére, anunció su intención de reducir el permiso de residencia a los refugiados sirios (de tres a un año) y negarles el derecho a la reunificación familiar. Sus declaraciones provocaron la indignación del socialdemócrata Sigmar Gabriel y horas después el propio De Maiziére desmentía la información.

En la CDU y la CSU cada vez son más las voces que apoyan a De Maizière para evitar el efecto llamada, según declaraba ayer el titular de Finanzas de Baviera, Markus Söder, de la CSU, a Spiegel. A las exigencias de sus socios bávaros, que desde el principio han apostado por la mano dura, se suma el beneplácito del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien instaba ayer a no olvidar que «la solidaridad tiene sus límites». El portavoz de Angela Merkel recalcó ayer que la canciller alemana confía plenamente en su ministro de Interior.
«Centros de tratamiento» en los Balcanes para evitar el colapso

El ministro de interior griego, Yanis Muzalas, y su homólogo italiano, Angelino Alfano, se defendieron de los reproches de sus colegas comunitarios, que les exigieron la puesta en marcha inmediata de los hotspots pendientes: «Si se avanza rápidamente, se avanza rápidamente en todo. No se avanza a dos velocidades, es decir, con muchos hotspots y pocas reubicaciones», indicó Alfano a su llegada al Consejo.

Para solucionar el colapso en los puntos de identificación italianos y griegos, los ministros acordaron avanzar en la creación de «centros de tratamiento» en la ruta de los Balcanes. «Es un concepto embrionario», asegura una fuente del Consejo. Todavía no se sabe quién financiará su despliegue, quién los gestionará, ni dónde estarán ubicados.