El mercado laboral mantiene en Euskadi síntomas de palpable mejoría. Y, en paralelo, los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) continúan a la baja. Octubre fue el quinto mes consecutivo en el que descendieron los perceptores de la ayuda social destinada a cubrir las necesidades básicas de ciudadanos sin recursos. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) abonó esa subvención a 64.593 personas; es decir, 291 menos que en septiembre. Se trata de la cifra más reducida en un año y medio.

El Gobierno vasco no quiere echar las campanas al vuelo. Pero el propio director de Lanbide, Alfonso Alustiza, admitía a elcorreo.com antes de conocerse los datos de octubre que, si el retroceso iniciado en junio persistía a corto plazo, «será claramente una consecuencia de la recuperación económica».

Esta nueva caída coincide con un rebrote del empleo en Euskadi. El paro se redujo en 823 personas en octubre en la comunidad autónoma. Y lo que es más importante: la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 9.097 individuos. Con un Producto Interior Bruto que crece a un ritmo anual del 3%, el País Vasco ha vuelto a generar puestos de trabajo. En la mayoría de los casos, precarios y con salarios bajos, es cierto. Pero son ocupaciones que han frenado la sangría del mercado laboral.

Aumento en Álava

Los beneficiarios de la RGI alcanzaron un récord histórico el pasado mayo: 66.373. Desde entonces no han dejado de retroceder. La bajada de octubre se dejó notar de forma mucho más notable entre los ciudadanos de nacionalidad española (266 menos) que entre los extranjeros (25 menos). Los primeros representan casi dos tercios del total. Entre los perceptores de la ayuda social procedentes de otros países, destacan los originarios de América del Sur (8.608), los países del Magreb (6.278) y el África subsahariana (4.545).

Los residentes en Euskadi que cobran la RGI retrocedieron en octubre tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, pero se elevaron en Álava en 16 personas. Este último territorio tiene el mayor porcentaje de inmigrantes – el 48,6%, frente al 36,07% de media del conjunto de la comunidad – y cuenta con la peculiaridad de que, dentro de este colectivo, son mayoría los magrebíes.

Entre el computo global de los perceptores de la RGI predominan las mujeres – el 56,7% – , las personas de entre 35 y 45 años, y las que ya han cumplido los 65. En este último caso, se trata de jubilados que perciben pensiones muy bajas, que son complementadas por el Gobierno vasco dentro de su política de lucha contra la exclusión social.

La ley que regula la RGI asegura unos ingresos mínimos – entre 619 y 950 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar – a los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra – por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía – , Lanbide les abona la diferencia. Esta ayuda es compatible con la prestación complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos.