El Ayuntamiento de Alicante ha afirmado que la suspensión del Decreto Ley de Universalidad de la Atención Sanitaria del Consell tras el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) afectaría a “cerca de 5.000 inmigrantes” en la ciudad.

Así se ha pronunciado tras la decisión del pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que supone la suspensión automática de la normativa recurrida.

En un comunicado, la concejala de Inmigración, Gloria Vara, ha señalado que el consistorio apoya la medida que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de dictar una normativa que “garantice la universalidad” de la sanidad.

Vara ha advertido de que esta paralización “tendrá efectos negativos para la salud pública general” y que “incrementará la vulnerabilidad y peligro para la salud particular que tienen los inmigrantes en situación irregular”.

“El Ayuntamiento defiende la sanidad universal como derecho fundamental de todas las personas, independientemente de su origen o condición. Gracias al decreto aprobado se les ha devuelto la esperanza a 30.000 personas en la Comunidad Valenciana, 5.000 en nuestra ciudad. Por ello, apoyamos sin fisuras a la Generalitat y advertimos al Gobierno central de que no vamos a abandonar a estas personas”, ha señalado Vara.