Ibrahima Sory puede entrenar, pero no jugar al fútbol en su equipo. Tampoco puede salir de Fuerteventura, ni siquiera a conocer a sus abuelos, porque no podría volver. Son solo algunos de los problemas del niño y su familia abocados a un callejón sin salida por la Ley de Extranjería, como tantos otros casos a los que ayuda el Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), dependiente de Entre Mares y Raíz del Pueblo.

Ibrahima Sory es un niño al que le encanta jugar al fútbol, pero solo puede entrenar con su equipo: ni estar federado, ni competir, ni mucho menos salir fuera de la isla a jugar. Es una de las tantas consecuencias de un círculo kafkiano en que está inmerso junto a su familia procedente de Guinea Conakry que ha perdido la autorización de residencia.

La situación del niño de once años y de su familia la resume mejor que nadie María Greco, del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), que gestionan la asociación cultural Entre Mares y el colectivo Raíz del Pueblo. «Es la pescadilla que se muerde la cola». Y lo es porque una sentencia judicial de 2014 le concede la residencia a Ibrahima Sory, aunque no a sus padres y a su hermana pequeña.  A pesar de este fallo judicial, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas se la niega porque exige que uno de los dos progenitores tenga a su vez la residencia.

1.331 euros al mes. Para obtener la residencia, el padre o la madre tienen que aportar un contrato laboral de un año con un sueldo de 1.331 euros. Algo imposible para la familia del chico, y para otras muchas a la vista de la crisis económica y de las galopantes estadísticas del paro.

Los padres residen en Puerto del Rosario desde hace doce años, donde nacieron los dos hijos Llegaron con la bonanza económica y laboral que les permitió la regularización en 2008 y  una primera renovación de la autorización de residencia y trabajo en 2009. En 2011, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas le rechazó la segunda renovación porque el padre había perdido el trabajo por la crisis.

Los cuatro componentes de la familia de Ibrahima Sory incurren en una llamada irregularidad sobrevenida que el SAAIM les recurre, volviendo a rechazarse. Entonces, el caso pasa a un abogado de oficio para un contencioso administrativo que se resolvió en 2014.

Sentencia incumplida. Cuando por fin se resolvió el contencioso administrativo en 2014, el laberinto kafkiano se estrechó más puesto que el juez dictaminó por sentencia la concesión de residencia al niño, pero no a los padres y la hermana. En enero de 2015, el SAAIM inicia la tramitación de la residencia para el chico ante la Subdelegación del Gobierno para que aplique la sentencia, que le contesta que no puede ser por no residir legalmente al menos uno de los progenitores, incumpliendo así la sentencia judicial. Además de no poder jugar al fútbol en su equipo, ni salir a competir, el niño se expone a que, cuando cumpla la mayoría de edad, sea expulsado a un país que nunca ha pisado.