La brecha de enfrentamiento entre Gobierno y Consell por la atención sanitaria a inmigrantes ilegales se agranda con cada día que pasa. Después de que el Tribunal Constitucional anunciase el martes que admitía a trámite el recurso del Ejecutivo central contra la ley valenciana que regulaba esta prestación, lo que implica su suspensión cautelar, la Generalitat dio ayer una zancada al frente. El presidente Ximo Puig aseguró ayer haber dado orden a los centros de salud para atender «a todas las personas», incluidos extranjeros en situación irregular, y se reunió con oenegés para que estas transmitan a los afectados que no pasarán «un día sin recibir atención». Ante la suspensión cautelar dictada por el Constitucional, Ximo Puig tildó de «indecente» la medida.

El aldabonazo del otro lado vino de mano del delegado del Gobierno. Juan Carlos Moragues acusó al Consell de ir «por libre» al aprobar una ley «que no es de su competencia». El representante gubernamental señaló que la oposición del Ejecutivo central a la norma autonómica «no quiere decir que busquemos restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares», sino que se trata de una competencia estatal. Añadió que el objetivo es coordinar la atención en todas las autonomías y que esta «se extienda no sólo a las urgencias, sino a toda la asistencia primaria sanitaria a los inmigrantes ilegales».

Desde el Ministerio de Sanidad incidieron ayer en esta idea; subrayaron que la atención a los extranjeros ilegales se debe hacer a través de los programas de servicios sociales, y no mediante una ley autonómica. «Se tiene que asegurar su atención a través de programas sociales, como todas las comunidades han de hacer», explicaron a Efe fuentes gubernamentales. Añadieron que el Gobierno trató de llegar a un acuerdo con la Comunitat antes de recurrir al Tribunal Constitucional por el problema de competencias, pero esta no quiso.