Varapalo del Gobierno central a la Comunitat, vía resolución del Tribunal Constitucional, apenas 24 horas después de que Mariano Rajoy y Ximo Puig se reuniesen en la Moncloa. El alto tribunal decidió ayer admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy contra la ley del Consell que devolvió la sanidad gratuita a todos los inmigrantes, aprobada a finales de julio bajo el nombre de decreto ley 3/2015 de acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

La admisión del recurso gubernamental implica la «suspensión automática» de la normativa valenciana de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo «podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas». Para el Gobierno central la ley valenciana podría incurrir en una «extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado» al entender que las autonomías no pueden definir quiénes se encuentran amparados por la sanidad pública y la cobertura que pueden tener.

Ahora se abre un plazo «no superior a cinco meses», según consta en la resolución del TC, en el que el tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión de la ley que permite el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y a la que, hasta el momento, se habían acogido más de 5.400 personas, informó ayer la Conselleria de Sanidad. Una de las condiciones para acceder a esta tarjeta sanitaria era llevar empadronados tres meses en un municipio valenciano.

El Consell, tras conocer la decisión, avanzó que se va a solicitar el levantamiento en cuanto se reciba la notificación del alto tribunal en la conselleria. En este sentido, la consellera Montón aseguró que aunque se acatará la orden del Constitucional «ninguna persona va a quedarse desatendida en la Comunitat».

En la práctica, la suspensión cautelar dictada por el Constitucional implica retornar a la situación de 2012 cuando se introdujo un nuevo concepto de asegurado que dejó sin cobertura a unas 30.000 personas en la Comunitat, según los cálculos realizados por el departamento que dirige Carmen Montón. Así, los inmigrantes sin papeles sólo tenían garantizada la atención en Urgencias, embarazos y partos así como la requerida por menores.

«Persecución insólita»

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el Consell dictará una norma para que «cualquier ciudadano que acuda a un centro de salud sea atendido», aunque no dio más detalles tras su reunión con el presidente de Ford Europa, Jim Farley. Además, calificó de «impresentable» que el Gobierno central «haya recurrido aquí lo que no ha recurrido en otras comunidades. Forma parte de esa persecución insólita y no es la mejor forma de recuperar el diálogo».

Se refería el jefe del Consell a los casos del País Vasco y Navarra, donde el Constitucional respaldó medidas similares al reconocer el derecho de toda persona a recibir una atención sanitaria integral. Y mención también el encuentro con Rajoy del día anterior, ya que Puig reconoció que no abordó este tema porque creyó que «era de sentido común que el recurso no prosperase».

Un recurso que el Ejecutivo de Rajoy anunció el 23 de octubre tras la advertencia realizada por dos ministerios (Sanidad y Empleo) de que el decreto de la Comunitat podría ser inconstitucional.