Barcelona (Redacción). – Cerca de 250 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido este martes en una operación para desarticular una organización de origen pakistaní que se dedicaba a traficar de forma ilegal con compatriotas suyos con destino a España y otros países europeos para después explotarlos laboralmente en más de cincuenta establecimientos de comida rápida tipo kebab en Andalucía.

La operación, en la que también ha participado la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwi?la?ski de Polonia y la Europol, se ha saldado con la detención de 25 personas en España y otros cuatro en Polonia, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

Investigaciones en Cádiz

La investigación comenzó al detectar un elevado número de aperturas de locales de hostelería tipo kebab en la provincia de Cádiz entre mediados de 2011 y finales de 2012. Todos los locales reunían unas características comunes: la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní, y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.

Con esas premisas, los investigadores empezaron a investigar en profundidad dichos locales y a sus titulares, ante la posibilidad de que pudieran estar llevando a cabo algún tipo de actividad delictiva y así, se detectaron tres cadenas distintas de kebabs, que respondían a nombres comerciales distintos pero, sin embargo, estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios y que disponían de catorce locales distribuidos por toda la provincia de Cádiz.

Más de 60 establecimientos en Andalucía

La red de kebabs se extendía también a diversas localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. La red también implicaba locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Antequera (Málaga).

Los propietarios de los negocios presentaban a la Administración propuestas de contrato de trabajo para supuestos futuros empleados (que, en realidad, ya se encontraban trabajando para ellos sin ningún tipo de protección legal) que servían como base para la obtención de permisos de trabajo, lo que les permitía regularizar su situación en España.

Sin embargo, los trabajadores no eran luego dados de alta en la Seguridad Social, lo que conlleva, por una parte, una clara actividad defraudadora contra la Administración y, por otra, la más absoluta desprotección legal de los supuestos trabajadores. Estos datos se han obtenido gracias a la colaboración de funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda.

Además, los supuestos empleados pagaban a la organización con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión y dependencia absoluta de la misma, que se aprovechaba de la situación de necesidad de estos compatriotas.

Los inmigrantes eran trasladados a España utilizando la “ruta central” (a través de Libia e Italia) o la “ruta oriental” (atravesando Turquía y Grecia) previo abono de unos 14.000 euros aproximadamente por cada uno de ellos.

Según el comunicado oficial, los inmigrantes, en muchas ocasiones, viajaban hacinados en embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas y sanitarias, como ocurrió el pasado agosto, cuando uno de estas personas falleció por la inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado.