«Nos presentamos allí, en Boukhalef, para proteger a los migrantes porque les estaban atacando. Ese es nuestro trabajo. Entonces, un grupo de unos cincuenta marroquíes armados me acorralaron. Me empujaron, me descubrieron los pechos y me los tocaron al grito de ‘puta española vete a Tindouf’ mientras los policías marroquíes permitían la agresión. De hecho, fue el propio comisario quien me empujó hacia un hombre que portaba un machete con el que intentó degollarme. Querían cortarme la cabeza con el mismo machete con el que matan a los corderos. Y la policía me abandonó. Se fueron así sin más, dejándome sola. Hoy, si estoy viva, es gracias a los compañeros subsaharianos que hicieron un cordón de fuerza y recibieron ellos los golpes por mí. Yo entonces corrí pidiendo socorro a un taxista y pude salir de aquel barrio de Tánger. Identifiqué a mis agresores, pero se negaron a arrestarlos».

No, este no es el guión de ninguna película americana que trata de ensalzar el heroico rescate a una pobre mujer activista. Es la realidad que vivió hace un año Helena Maleno, investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos que trabaja en el colectivo Caminando Fronteras. Es almeriense, de 44 años, aunque desde hace quince vive en Marruecos con el único fin de defender los derechos fundamentales de las personas migrantes. Esos mismos que son vulnerados cada día en nuestras fronteras. «La democracia está secuestrada», puntualiza. Maleno no denunció aquella agresión. «Tenía muchas probabilidades de que amañaran un juicio y me condenaran a dos años de prisión por denuncia falsa», explica.

Se armó de valor y relató su historia ayer en un seminario organizado por SOS Racismo en el Palacio de Aiete de Donostia. Una jornada que versó sobre la situación actual que viven las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos de migrantes. Amenazas, agresiones, insultos, incluso intentos de vincular a cooperantes con cualquier actividad ilegal son las presiones que soportan quienes dedican su vida por los que están al otro lado de la valla. «El riesgo que corremos es real. Vivimos con una serie de medidas de seguridad diarias esenciales para seguir, principalmente, con vida», cuenta. Ella jamás factura una maleta. «No me voy a jugar a que me cuelen un fajo de cocaína».

La defensa de quienes defienden los derechos es, según Maleno, «un tema olvidado». Un olvido que no solo está provocado por los grupos criminales que hace años le secuestraron a ella y una compañera durante dos días por intentar sacar a varias mujeres nigerianas de una red de tratas. «Ellas eran su ’business’», apunta. El olvido más cruel – si es posible – es por parte de las instituciones, según se denunció ayer durante la jornada ‘Fronteras y Derechos Humanos’. «El Gobierno español ni siquiera pidió explicaciones a Marruecos. Y no supe nada del consulado hasta tres días después de aquella brutal agresión», explica.

De hecho, es consciente de que las denuncias que grita sin tapujos no son bien recibidas entre las fuerzas de seguridad de cualquier Estado. «Son ellos mismos quienes nos ponen trampas para intentar cogernos. Me acusan de traficar con humanos cuando mi única labor es reintegrarles en sus derechos».

La investigadora cuenta cómo le siguen por la calle, o cómo usan a los propios migrantes «para intentar cazarte». «De pronto recibes una llamada: ‘Helena, me han dicho que puedes arreglar mi viaje por 3.000 euros’, y sabes que te están grabando», explica. «Hay serios problemas para que los activistas desempeñemos nuestro trabajo».

¿Qué pasa en la frontera?

Las presiones institucionales, según Maleno, vienen por visibilizar lo que pasa en la frontera «donde no solo existe la violencia de los grupos criminales, sino que está la violencia de las entidades gubernamentales». «La violencia de las redes criminales no existiría si no existieran sistemas corruptos. Una red criminal no existe si no hay un funcionariado implicado», dice con contundencia. Pero continúa: «Hay gente que se está muriendo a las puertas de nuestras fronteras por aplicar las políticas institucionales. Nosotros denunciamos que no se activan los servicios de rescate en el Estrecho, cómo no se activan los resortes de una democracia en la frontera y, cuando lo explicamos, simplemente no interesa». Entonces llegan las amenazas. «Llamadas a casa diciendo que me quedan dos días de vida justo cuando se dicta el auto del caso Tarajal, donde declaré como testigo». En ese juicio se imputó – luego absueltos – a 16 guardias civiles por su actuación en el Tarajal donde murieron 15 inmigrantes.

Son muchas presiones que a uno le hace pensar: ¿Compensa? «Sí, cada día. A veces estoy agotada, pero cuando miro los ojos de esas madres con sus bebés me digo a mí misma: Helena, sigue luchando por ellas. Sus vidas están por encima de todo».