Bilbao. La Audiencia Nacional ha confirmado la obligación de archivar el expediente de expulsión iniciado contra el activista saharaui Hassana Aalia, según ha informado hoy la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR – Euskadi).

Hassana Aalia fue arrestado por la Policía Nacional el 6 de octubre pasado en Burgos al no portar documentación alguna, aunque poco después fue puesto en libertad al comprobarse que su caso está pendiente de que se resuelva el recurso que presentó contra la decisión del Gobierno de denegarle el asilo.

CEAR – Euskadi ha señalado en una nota que, gracias a su intervención, la Audiencia Nacional ha confirmado la obligación de archivar el expediente de expulsión iniciado contra Hassana Aalia, a quien la Policía Nacional “puso en riesgo de ser devuelto a un país donde su vida corre peligro”.

A su juicio, el archivo del expediente de expulsión es “un obstáculo menos en la carrera hacia la concesión del estatuto de refugiado” para el activista saharaui y pone de manifiesto “la mala praxis” de la Policía Nacional en relación a las personas solicitantes de asilo.

CEAR – Euskadi ha considerado “grave” incoar un expediente de expulsión a personas “que corren riesgo si son devueltas a sus países de origen”.

La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi ha recordado que el activista saharaui se encuentra pendiente de una resolución de la Audiencia Nacional sobre su solicitud de asilo y ha criticado que a pesar de contar con una medida cautelar que suspendía su salida de territorio nacional, la Policía acordase iniciar un expediente y “proponer la expulsión contra Aalia a la subdelegación del Gobierno de Burgos”.

Hassana Aalia, de 26 años, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí tras participar en 2010 en el campamento de protesta pacífico de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sahara Occidental).

Marruecos ordenó su busca y captura y Aalia solicitó asilo en Bilbao, donde se encontraba participando en un programa sobre derechos humanos, pero el Ministerio de Interior rechazó la solicitud con el argumento de que el activista afronta un proceso judicial en Marruecos.

El joven recurrió y mientras se resuelve el recurso la Audiencia Nacional decidió paralizar temporalmente la orden de salida obligatoria del territorio español dictada en su día por el Ministerio de Interior.

El 6 de octubre pasado, la Policía Nacional le detuvo al no portar documentación, pero después quedó en libertad.