La decisión de la Conselleria de Sanidad de no cambiar ni una coma al decreto – ley que devuelve la asistencia gratuita a inmigrantes en situación irregular en la Comunitat, tal y como le instó el Gobierno central, va a tener consecuencias y llegará al Constitucional. El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar al presidente, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la norma puede incurrir en una «extralimitación competencial». Un anuncio que no ha hecho cambiar de opinión a la consellera del ramo, Carmen Montón, que seguirá prestando cobertura asistencial gratuita al colectivo.

A principios de este mes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió una comunicación oficial a la Generalitat Valenciana en la que le informaba de que se habían planteado determinadas «discrepancias» con este decreto – que convalidaron Les Corts el pasado septiembre – al considerar que vulnera competencias estatales. El Gobierno advertía de que si no se solucionaban en una comisión bilateral recurría la norma al Tribunal Constitucional. Desde el Ejecutivo esperaban una respuesta oficial del Consell antes de dar el paso, pero Montón ya dejó claro que no iba a «negociar a la baja» un derecho que consideraba fundamental. Además, recordó que ya solicitó al Ministerio incluir el debate de la universalidad de la atención sanitaria en España en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «el foro adecuado para debatir estas cuestiones, pero se negó entonces a aceptar esta petición».

Ahora el Gobierno solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que el Tribunal estudie y, en su caso, acuerde la suspensión de la norma objeto de recurso. Las citadas fuentes argumentaron que «la jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública». «En ejercicio de estas competencias – agregaron – , el Estado ha aprobado la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece los requisitos para tener la condición de asegurado y de beneficiario, la cartera común de servicios y las prestaciones de salud pública, además del uso de medicamentos y productos sanitarios y la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica».

Una «amenaza»

Por su parte, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, vinculó esta postura del Gobierno de Mariano Rajoy a «la coyuntura electoral de un Gobierno que está agotado».

«Nosotros estamos tranquilos y pensamos que es la coyuntura de una legislatura agotada y en ningún caso vamos a entrar a mercadear con el derecho a la salud de la Comunitat Valenciana», aseguró.

La titular lamentó, además, que con esta actitud «lo que hace Rajoy no es solo amenazar a la Comunitat Valenciana, que ya es grave, sino que está amenazando a las personas que se están beneficiando de esta medida», que en estos momentos ya son más de 5.000 inmigrantes en situación irregular.

Con este decreto la Generalitat pretende devolver la atención sanitaria, de forma gradual, a 30.000 ‘sin papeles’. Todos ellos perdieron en 2012 este derecho cuando el Ejecutivo central puso en marcha un polémico decreto que convirtió a los extranjeros en asegurados y se les retiró la tarjeta sanitaria, cobrándoles tras ser atendidos. Con la entrada en vigor de las nuevas medidas se les está concediendo otra tarjeta con acceso a la cartera básica de servicios y tienen asignado un facultativo de medicina general y prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas. El Consell considera que la atención sanitaria integral es un «principio irrenunciable».