Decenas de inmigrantes se manifestaron hoy en la capital de EEUU para pedir al presidente Barack Obama que frene las deportaciones y eche el cerrojo a los centros de detención para indocumentados, cuyas condiciones de vida para los menores cuestionó este verano una magistrada de California.

La protesta se produce justo un día antes de que acabe el plazo que la jueza de California Dolly Gee dio al Gobierno de EEUU para liberar o mejorar las condiciones en las que viven los menores en los centros de detención de Karnes City y Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a pleno rendimiento, pueden albergar a 2.932 personas.

“Estar allí fue una pesadilla”, aseguró a Efe María López, una hondureña de 37 años que, junto a su hijo de 9 años, estuvo recluida en el centro de detención de Karnes City, donde protagonizó junto a otro grupo de madres dos huelgas de hambre durante varios días de marzo y abril en protesta por su privación de libertad.

“El agua, la comida eran muy feos. Los niños no querían comer”, aseguró la hondureña, que ahora vive en Baltimore (Maryland).

Con pancartas, como “ni una deportación más” y “acaben con la detención de familias”, alrededor de cincuenta manifestantes marcharon por las calles de Washington, desde el Departamento de Justicia hasta las cercanías de la Casa Blanca para pedir a Obama que libere a los inmigrantes recluidos.

Esta batalla legal entre Obama y una jueza de California por los centros de detención de inmigrantes llega tras meses de polémica con madres en huelga de hambre y cientos de congresistas pidiendo el cierre de esos centros, a los que compararon con “cárceles” por el “grave” daño que infringen a madres y niños.

En sus decisiones judiciales, de julio y agosto, la jueza de la Corte del Distrito Central de California acusó al Gobierno de haber violado el acuerdo extrajudicial “Flores” de 1997, por el que los pequeños deben vivir en las condiciones “menos restrictivas” posibles.

El Gobierno de EEUU presentó el 6 de agosto un recurso en el que pedía a la jueza que reinterpretara el acuerdo “Flores” y el 18 de septiembre presentó un aviso en el que avisaba a la jueza de que tenía pensado apelar su último fallo con un nuevo recurso, cuyo plazo de presentación vence el 29 de febrero de 2016.

A pesar de esta nueva apelación, el Gobierno sigue estando obligado a contestar a la orden de la jueza para que se mejoren las condiciones en las que viven los niños en los centros de detención, según explicó a Efe el vicepresidente de políticas de inmigración de la organización Center for American Progress, Tom Jawetz.

Jawetz, que trabajó durante años como asesor legal en el Congreso, resaltó que la orden de la jueza no implica el cierre de los centros de detención.

El presidente de EEU, Barack Obama, clausuró los centros en 2009, poco después de su llegada al poder, pero decidió reabrirlos tras el gran número de familias que el verano pasado cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría huyendo de la violencia de sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.

A pesar de las críticas, el Gobierno de EEUU ha mantenido su intención de continuar con los centros, aunque en línea con la reforma anunciada en junio pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en estas instalaciones.