Mikel Mancisidor Vicepresidente del comité de derechos económicos, sociales y culturales de la onu

“Las políticas de austeridad pueden vulnerar los derechos humanos”

Mikel Mancisidor presenta en la ONU el informe anual del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Diario de noticias de Gipuzkoa, Javier Velilla, 22-10-2015

donostia – Mikel Mancisidor es un jurista vasco, doctor en Relaciones Internacionales, que la pasada madrugada (hora de Euskadi) ha intervenido ante la Asamblea General de la ONU para presentar el informe anual del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que es vicepresidente.

Usted ha hablado en la ONU sobre el impacto de la crisis en los Derechos Humanos. ¿También de la gestión de esa crisis?

- El impacto de la crisis en el disfrute de los derechos humanos ha sido importante en algunos países. Las políticas de austeridad pueden derivar en ocasiones, si no se respetan ciertos requisitos, en vulneraciones de derechos humanos, especialmente de los económicos, sociales y culturales. Tanto los recortes como las medidas de austeridad deben respetar una serie de condiciones que no siempre son tenidas en cuenta.

La crisis parece haber echado raíces en países ricos como los europeos que no han encontrado otra salida que los recortes y la austeridad

- Lo que estamos viendo en Europa en algo más profundo que una crisis económica. Es la dificultad que tiene Europa atada a sus viejas estructuras para adaptarse a un mundo nuevo que nunca será el que dejamos antes de las crisis. Esto se traduce también en políticas de austeridad y en recortes. Desde el Derecho Internacional, aunque afecten a los derechos económicos sociales y culturales, no todos los recortes son contrarios a derecho siempre que se observen algunos requisitos como por ejemplo que su necesidad haya sido justificada, que su impacto en los derechos humanos haya sido evaluada, que haya algunos contenidos mínimos que no hayan sido vulnerados y sobre todo que no afecten al principio de no discriminación.

¿Cómo ha afectado a los derechos las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno español?

- Nuestro Comité ha encontrado una quiebra de las obligaciones internacionales de España en el Real Decreto Ley 16/2012 que limitaba el acceso a la salud de los inmigrantes irregulares. El principio de no – discriminación es uno de esos principios que no se pueden vulnerar en ningún caso en las medidas de austeridad y en este caso se hizo. También en otros países europeos hemos encontrado importantes irregularidades. En el caso de las negociaciones de la troika con Grecia no se incorporó ningún estudio sobre el impacto en los ámbitos económicos, sociales y culturales de las medidas que se estaban adoptando y por tanto el impacto en las obligaciones internacionales que tenía Grecia como estado parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Entre los flujos migratorios está la llamada emigración económica. ¿No es también legítimo huir de una muerte por hambre?

- La novedad es para Europa, no para otros países o regiones. La novedad ha sido durante este verano el flujo masivo y rápido de migrantes que huyen del conflicto en Siria. Este es un ejemplo muy claro de la relación entre los derechos económicos, sociales y culturales con los conflictos tanto internos como internacionales porque como muy bien indicas los flujos migratorios se producen cuando hay una negación de los derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, agua, vivienda…) de comunidades y poblaciones enteras que obliga ala gente a desplazarse y migrar en busca de refugio y una vida segura y decente para los suyos.

Usted ha hablado ante la Comunidad Internacional sobre el acceso al desarrollo científico y sus aplicaciones. ¿Podríamos encajar en ese capítulo a los enfermos de hepatitis que no tenían acceso al medicamento que les podía salvar la vida?

- Este es un buen ejemplo de uno de los aspectos del contenido normativo del derecho a beneficiarse del desarrollo científico y tecnológico, que es el acceso a los medicamentos. Sin embargo, este derecho va más allá del acceso a los medicamentos siendo éste, por supuesto, un importante contenido del derecho. El derecho a la ciencia incluye contenidos como el derecho a participar en ese progreso, el derecho a participar en las políticas científicas y de riesgos, la divulgación, el conocimiento abierto, la educación, etc.

El próximo año se cumplen 50 años de los pactos de Derechos Humanos. ¿Qué rápido balance podría hacer sobre este medio siglo?

- En 1966 se aprobaron los dos grandes pactos de derechos humanos, el de civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Por razones de la Guerra Fría el desarrollo normativo y jurídicamente vinculante de la Declaración Universal de 1948 se plasmó en dos Tratados diferentes. Estos pactos entraban en vigor en el año 77. Desde ahí podemos ver una gran evolución de los derechos económicos, sociales y culturales. Desde un origen en el que el sistema de protección internacional era muy diferente para unos derechos y para otros, donde los derechos civiles y políticos estaban mucho mejor protegidos, con la posibilidad de presentar denuncias individuales, frente a los derechos económicos, sociales y culturales que estaban mucho peor protegidos. A lo largo de estos últimos años gracias, entre otros, a la labor de este Comité el sistema de protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales ha evolucionado muchísimo.

Dentro de los logros del Comité está el que ya se pueda presentar denuncias individuales por la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo está a día de hoy esta nueva facultad?

- El 10 de diciembre de 2008 se aprobó un Protocolo Facultativo a nuestro Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que por primera vez permitía la presentación de comunicaciones individuales, es decir, denuncias de personas que consideren que los derechos contenidos en el pacto se han vulnerado y que no han tenido satisfacción por parte de su estado. Este Protocolo Facultativo ha sido ya ratificado por 21 estados, entre ellos España. Para las personas bajo la jurisdicción de estos 21 estados existe la posibilidad de la presentación de denuncias individuales ante el Comité.

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