La nueva manzana de la discordia en el Gobierno alemán se llama «zonas de tránsito». Lo que a priori parece un mero tecnicismo, esconde un complejo sistema mediante el cual las autoridades alemanas podrían efectuar controles de identidad en las fronteras para, desde allí mismo, expulsar a aquellos refugiados procedentes de los llamados países seguros, como los Balcanes, de manera inmediata. Este polémico mecanismo, supuestamente concebido para gestionar mejor y más rápidamente la mayor crisis migratoria que padece Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, no podía haber surgido sino de las filas de los cristianos bávaros, el ala más conservadora del Gobierno de Angela Merkel.

Tras varios días de intensos debates en el seno de la gran coalición, la CSU ha convencido a la canciller de que las zonas de tránsito son de utilidad. Pese a que la propia Merkel dice ser consciente de que no supondrán una solución definitiva al problema, una vez más, ha ganado el jefe de la CSU y líder de Baviera. No contento con lanzar dardos envenenados a Merkel casi a diario desde que esta decidiera abrir la frontera a los refugiados el pasado 4 de septiembre, Horst Seehofer llegó a amenazarla incluso con denunciarla ante el Tribunal Constitucional alemán si no limitaba la entrada de inmigrantes.

No obstante, el tercer socio en el Gobierno, el partido socialdemócrata, ha anunciado que se opondrá a las zonas de tránsito, por considerar que atentan contra los derechos humanos (opinión en la que coincide con las organizaciones no gubernamentales). El vicecanciller alemán y líder del SPD, Sigmar Gabriel, elevó ayer el tono al declarar que apoyará a la canciller en todas las decisiones útiles para gestionar la crisis migratoria, «pero no en aquellas que se tomen solo para que Seehofer vuelva a ser amable».

Publicidad

La presión no cesa. Según una encuesta realizada por el instituto INSA y publicada ayer por Focus, uno de cada tres alemanes quiere la dimisión de Merkel por su gestión de la crisis migratoria. Para colmo, en la última manifestación organizada el lunes por el islamófobo movimiento Pegida, un desconocido acudió con una horca realizada con palos de madera, que mandaba al patíbulo a la canciller y al vicecanciller de Alemania. «Reservado a Angela Mutti (mami) Merkel», rezaba la pancarta. La fiscalía de Dresde abrió ayer diligencias por alteración del orden público e instigación pública a cometer delitos. La policía aún desconoce la identidad de la persona que llevó la horca, que podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión. El revuelo, como se puede suponer, fue elevado. La ministra de Familia calificó el hecho de «inaceptable». «Esta gente no tendría que estar en la calle. Más bien debería ser llevada ante los tribunales», dijo el ministro de Justicia.

Entretanto, según datos de la Oficina alemana de Inmigración, el país ha recibido 275.000 peticiones de asilo desde enero, lo que implica un aumento del 135 por ciento con respecto a las registradas en 2014. Por eso, la locomotora europea ha decidido ampliar los controles fronterizos introducidos el pasado 13 de septiembre hasta el próximo 31 de octubre. Así lo comunicó el ministerio alemán de Interior a Bruselas mediante un escrito filtrado por Spiegel que apela «al continuo, intenso e ininterrumpido flujo de refugiados».