Parece que está casi escondido, sin hacer ruido detrás del cementerio de Majadahonda, sin embargo para el Ayuntamiento se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza. Hablamos de un monumento de piedra en una finca privada que recuerda a Ion Mota y Vasile Marin, dos soldados rumanos que murieron en España en la Guerra Civil luchando a favor de la Guardia del Hierro contra el comunismo estalinista y donde ahora los neonazis se reúnen varias veces al año.

La polémica ha saltado cuando el Pleno del Ayuntamiento acordó derribar el monumento por estar vinculado a grupos fascistas. La moción, basada en la Ley de la Memoria Histórica, contó con el apoyo de 13 ediles, repartidos entre Ciudadanos, con seis; PSOE y Somos Majadahonda, con tres cada uno, e Izquierda Unida, con uno. Sin embargo, tanto el PP como Centristas decidieron abstenerse, adelantándose a lo que podría ocurrir. Además, se impusieron unas condiciones muy particulares, como que fuese retirado con la mayor celeridad posible, antes, incluso, de que termine el año 2015.

El problema llegó cuando los miembros de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos caídos en Majadahonda no podían dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Elaboraron un informe y lo hicieron llegar a la sede del Ayuntamiento. En éste, afirman ser los únicos «propietarios del terreno, estando al corriente de los pagos y tributos», y para justificar lo anterior declaran que cuando el monumento se creó, allá en el año 1970, fue totalmente «pagado su coste por dicha asociación».

Además, añaden que el recinto estaba vallado y reprochan que «ha sido destruido por los vándalos y talibanes». Es decir, el Pleno aprobó derruir una propiedad privada y, aunque hayan destrozado el cercado, la asociación en su escrito dice que «no es de acceso público».

Además, informan que están tomando las correspondientes medidas legales para defender sus derechos. «Nosotros nos abstuvimos por el simple hecho de que era una propiedad privada». Un problema que se enreda mucho más si se tiene en cuenta que los partidos votantes «eran totalmente conscientes de que el monumento no era público y, aun así, lo han querido aprobar», dice el PP. De hecho, el Gobierno de la localidad ha asegurado que estaba en proceso el «trámite con la asociación de la reparación del vallado y cercar el monumento».

La polémica ha saltado por diferentes cuestiones. Una de ellas es la concentración de jóvenes para consumir bebidas alcohólicas y la otra es la supuesta calificación del monumento como santuario de neonazis, algo difícil de entender si tienen en cuenta que la muerte de muchos soldados rumanos se llevó a cabo en campos de concentración.

Por el momento, el asunto está bloqueado y el PP duda de que la «jugada política de la izquierda pueda salir a flote».