La paulatina mejora del mercado laboral en Euskadi, pese a las dudas que persisten sobre la solidez de la recuperación económica, coincide con un sostenido descenso de los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI). Septiembre fue el cuarto mes consecutivo en el que cayeron los residentes en el País Vasco que cobran esta ayuda social, destinada a cubrir las necesidades básicas de ciudadanos sin recursos. Los perceptores del subsidio fueron en ese periodo 64.884, según los datos oficiales del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). La cifra es inferior en 196 a la registrada en agosto.

Se trata de la cantidad más baja en casi un año y medio. Para encontrar una menor hay que remontarse a abril del pasado año, cuando 64.629 ciudadanos recibieron la RGI. Las personas acogidas a la ayuda iniciaron entonces una escalada ininterrumpida, hasta alcanzar un máximo histórico en mayo del presente ejercicio: 66.373. En estos cuatro meses de retroceso, 1.529 han debajo de recibir esa renta.

Aunque la evolución del empleo y de la RGI no siempre funciona como vasos comunicantes, en ese periodo el mercado de trabajo ha mostrado una evidente mejoría en Euskadi. En septiembre, por ejemplo, la Seguridad Social sumó 6.116 nuevos cotizantes en la comunidad autónoma, cuyo comportamiento en materia laboral fue mejor que en el conjunto de España.

De los 196 perceptores menos de la RGI en septiembre, la mayoría (117) son de nacionalidad española, la misma que tienen dos de cada tres personas que la cobran (el 64,08%). Entre los 23.327 extranjeros que la cobraron el pasado mes, el grupo más numeroso procede de América del Sur (8.682), los países del Magreb (6.275) y el África subsahariana (4.490). En otros estados de la UE han nacido 2.077.

El peso de los inmigrantes es dispar en los tres territorios históricos. En Álava representan casi la mitad – el 48,7% del total – , con predominio de los magrebíes, mientras en Bizkaia suman el 33,3% y en Gipuzkoa el 34,7% y son mayoría los sudamericanos.

La ley que regula la RGI asegura unos ingresos mínimos – entre 619 y 950 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar – a los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra – por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía – , el Gobierno vasco les abona la diferencia. Esta ayuda es compatible con la prestación complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos.