pamplona – La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social reivindica que todas las personas residentes en Navarra que lo necesiten tengan “de inmediato algún tipo de protección social, sea Renta de Inclusión Social (RIS) u otras ayudas extraordinarias” y que la nueva RIS que prepara el Gobierno, en cuya elaboración participará la citada red, atienda “las casuísticas concretas” que hoy dejan fuera de este paraguas protector a unas 8.000 personas. En rueda de prensa, los representantes de la Red Eliana Alemán, Patricia Ruiz y Eduardo Jiménez presentaron los principios y requisitos que, para su organización, debe contemplar la nueva RIS.

Esta asociación participó en la reunión presidida por la presidenta Uxue Barkos y el consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, el pasado día 7 de septiembre con el objetivo de recoger las distintas aportaciones y sugerencias en torno a la pobreza y la exclusión en Navarra y aquellas cuestiones que en opinión de las distintas entidades que componen la Red son más urgentes de abordar. Además del análisis de las medidas más inmediatas dirigidas a paliar situaciones urgentes de necesidad social y a activar el empleo, se presentaron en dicha reunión las líneas generales que se plantean de cara a una modificación legal de la RIS, que se desarrollará en los próximos meses, en cumplimiento del acuerdo programático del Gobierno de Navarra. La pasada semana, fueron presentadas por Laparra las primeras medidas económicas sobre el empleo protegido.

Tal y como explicó ayer Eliana Alemán en aquel encuentro del 7 de septiembre ya apuntaron hacia donde van sus reivindicaciones así como su disposición a integrar la comisión técnica que en seis meses – según el acuerdo programático del cuatripartito – debe elaborar el nuevo sistema de la cobertura social en Navarra.

Ayer explicaron que la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión comparte una reforma ahora para completar la actual cobertura y atender las necesidades pero considera que hay que trabajar a un plazo mayor para lograr una prestación más universal. La red demanda que las modificaciones que haga el Gobierno foral de la actual RIS se traduzcan en “una mayor cobertura de vacíos” y que, por tanto, esta ayuda social “llegue a las personas que están actualmente desprotegidas” y que la red cifra en unas 8.000.

Considera la red también que los acuerdos de incorporación social como requisito de acceso a la ayuda “debe ser sustituido por un enfoque de derechos, según el cual, las personas perceptoras de RIS “deberían beneficiarse de un sistema que aúne políticas activas y pasivas que garanticen su sostenibilidad e inclusión social y laboral”. En cuanto a la RIS, la red aspira a que se cuente con una prestación de “garantía mínima de ingresos para todas las personas residentes en Navarra, sin exclusión alguna”. La red propone medidas como eliminación del límite temporal de disfrute de la RIS; del límite de edad para acceder; y del requisito de la situación residencial. Propone también la red que en la práctica no se produzca una equivalencia entre “unidad familiar” y “unidades de convivencia” para poder acceder a la RIS; que se habiliten ayudas extraordinarias para las unidades familiares que cumplan el requisito de ingresos inferiores a la RIS, pero que no cumplan otros requisitos administrativos. También propone medidas complementarias, como acompañamiento de cara a la inserción sociolaboral real de los perceptores.

La red, según insistió Eliana Alemán, considera que es necesaria una reforma de la RIS para completar la cobertura pero que hay que trabajar a un plazo mayor para que sea una prestación más universal. “La RIS tiene que ser una prestación de subsistencia que te ayude para salir de ella mediante la incorporación sociolaboral”, subrayó.

situaciones irregulares En la rueda de prensa, los miembros de la red se refirieron a casuísticas concretas que hoy no se tienen en cuenta y que están dejando fuera de toda cobertura a una población cercana a las 8.000 personas en Navarra. Así, citaron a la población que está en situación irregular como las personas procedente de países de la Unión Europea, especialmente, rumanos, búlgaros o portugueses, que no tienen empleo y no pueden registrarse. Se trata de unas 3.000 personas que “están en el limbo”, dijo Eliana Alemán, a las que se suman otras 3.500 no procedentes países de la UE pero que carecen de papeles, así como otras personas que no llevan 12 años viviendo en Navarra, mayores de 65 años sin cargas familiares, quienes han dejado la prostitución, personas de comunidades terapéuticas, etc. “En el trazo grueso, parece que todas las personas pueden entrar en la RIS, pero cuando hilamos fino vemos que quedan casos concretos fuera de cobertura y es ahí donde creemos que debemos aportar la información”.

El departamento de Derechos Sociales estima que, sin los cambios previstos, a final de año habrán cobrado la RIS 14.800 unidades familiares a lo largo de los 12 meses y que el montante ascenderá a 63 millones de euros, 10 millones más de los previstos por el Gobierno anterior.

medidas para una ris efectiva

Eliminaciones. La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión propone eliminar el límite temporal de disfrute de la RIS y el límite de edad para acceder a la misma; así como eliminar el requisito de la situación regularidad jurídico – administrativa ya que entiende que para ser preceptores “es más que suficiente una residencia continuada y efectiva en Navarra de doce meses”.

Unidad familiar. Plantea la red que en la práctica no se produzca una equivalencia entre “unidad familiar” y

“unidades de convivencia” para poder acceder a la RIS, porque penaliza a quienes buscan formas alternativas de alojamiento para poder compensar su precariedad económica.

Ayudas extraordinarias. Pide que para las unidades familiares que cumplan el requisito de ingresos inferiores a la RIS, pero que no cumplan otros requisitos administrativos, se habiliten ayudas extra que sostengan su economía.

Revisar el sistema de ayudas. Respecto a las ayudas extraordinarias, la red incide en que es necesario que se revise la forma en que se articula el sistema actual de ayudas sociales alrededor de la RIS, no sólo por sus consecuencias excluyentes sino también porque en algunos casos puede desincentivar la búsqueda de trabajo. Explica que si el criterio principal para acceder a ciertas ayudas sociales (extraordinarias, baremación alquiler social, etc), sigue siendo el de ser perceptor de la RIS o del limite económico que éste plantea, muchas familias se enfrentan al dilema de tener que quedar atrapados como beneficiarios de RIS u optar por empleos precarios que no les permiten mejorar sustancialmente su calidad de vida, pero que además les supone salir del sistema de ayudas sociales. En este sentido, considera la red que se debe revisar también el cómputo de ingresos mínimos para ser perceptor de RIS, de forma que el trabajar no suponga una penalización.

Enfoque integral. La Red reclama un enfoque más integral a la hora de abordar la reforma de la RIS o de otras ayudas, lo que pasa por vincular esta ayuda al “derecho a la inclusión”, siendo una de las herramientas para hacerlo efectivo, los “itinerarios personalizados para inserción sociolaboral”.

Itinerario personalizado. La red defiende que hay que considerar las particularidades de cada caso y facilitar el acceso al acompañamiento individualizado, la formación, el apoyo a la

búsqueda de empleo, el empleo social protegido o el acceso al mercado ordinario de trabajo, con la intensidad y plazos que corresponda, reorientando las políticas activas de empleo a favor de los colectivos más vulnerables (minorías, inmigrantes, mujeres, personas que han abandonado la prostitución, ex – reclusos, personas en procesos de rehabilitación de adicciones, etc).

Dotación presupuestaria. El cambio de enfoque y la ampliación de la RIS propuesta por la red, implica que haya una dotación presupuestaria acorde con las crecientes necesidades sociales, que a los servicios sociales públicos se les dote de medios humanos, técnicos y económicos suficientes para realizar su trabajo y se avance en la coordinación y complementariedad entre la Administración Pública y el Tercer Sector.