La recuperación de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares en la Comunitat – la medida ‘estrella’ de la Conselleria de Sanidad – puede acabar en los tribunales. El Gobierno lanzó ayer una advertencia: el decreto del Consell invade competencias estatales y podría ser inconstitucional. Si una comisión bilateral no soluciona estas «discrepancias», recurrirá al Constitucional.

Estas amenazas no han conseguido doblegar a la consellera del departamento, Carmen Montón, que seguirá adelante con la cobertura a los ‘sin papeles’ y rechaza la convocatoria de esta comisión. «Con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea», replicó. Más de 4.000 inmigrantes ya han accedido a esta cobertura. El Ministerio de Sanidad, según explicaron ayer, esperará a recibir una «contestación oficial» antes de tomar una medida.

El enfrentamiento deriva del decreto – ley que Les Corts aprobó el 24 de julio. El objetivo era devolver la asistencia gratuita, de forma gradual, a 30.000 ciudadanos en situación irregular que quedaron excluidos en la Comunitat en 2012 cuando el Ejecutivo central puso en marcha un polémico decreto que convirtió a los extranjeros en asegurados, retirándoles la tarjeta sanitaria y cobrándoles tras ser atendidos.

Con las medidas introducidas por el Consell, se les está concediendo otra tarjeta con acceso a la cartera básica de servicios, tienen asignado un facultativo de medicina general y prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.

Desde Madrid no se han quedado de brazos cruzados. Dos ministerios implicados, Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales, ya han dado el paso y en un escrito comunican que el decreto «puede incurrir en extralimitación competencial», que podría solucionarse en una comisión bilateral (un instrumento previsto en la ley) antes de ir directamente al Constitucional. ¿Cuáles son los puntos de fricción? Demasiados.

Según recuerdan en el escrito, la ley del Sistema Nacional de Salud (SNS) establece los requisitos para ser asegurado y beneficiario, la cartera común de servicios que se ofrecen, las prestaciones de salud pública y la aportación farmacéutica de los usuarios. Por tanto, consideran que el decreto regional «vulnera la competencia estatal» porque estas medidas corresponden «exclusivamente» al Estado. También suscita «controversia» la «adecuación a la normativa estatal» de los apartados que señalan que para acceder a las prestaciones sanitarias habrá que cumplir requisitos como estar empadronado en algún municipio de la Comunitat.

Sobre los artículos que regulan las prestaciones asistenciales, farmacéuticas, ortoprotésicas y de salud pública, el Gobierno opina que «incurren en inconstitucionalidad», porque la definición del ámbito objetivo de la materia «Sanidad» corresponde al Estado así como las prestaciones a que tienen derecho los asegurados. Del mismo modo, puede haber motivos de incompatibilidad con la ley del SNS en los artículos sobre solicitud, documento de identificación, la asignación de médico y los supuestos de exclusión y fin de la validez de la acreditación.

La disposición que faculta al Ejecutivo valenciano a regular el acceso a la sanidad pública de los extranjeros no registrados en España como residentes y que cumplan los requisitos fijados en la norma, y la que establece la evaluación del cumplimiento de los objetivo del decreto ley, también pueden incurrir en incompatibilidad. Finalmente, el Gobierno pone de manifiesto la posible incidencia de la aplicación del decreto ley con un artículo del Reglamento de la Comisión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Servicios jurídicos

La Conselleria respondió ayer a través de un comunicado y dejó claro que «no contempla negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad». Así se refirió a la convocatoria de una reunión. Una comisión que, a su juicio, «no tiene otro propósito que rebajar el alcance de la medida y recortar los derechos a las personas a quienes el decreto valenciano ha devuelto un acceso integral a la sanidad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía».

Sobre la posible extralimitación competencial, Montón aseguró que el decreto regional fue avalado por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat. Es más, recordó que ya hay dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han respaldado unas medidas similares que se han llevado a cabo en el País Vasco y Navarra.

«En su momento, la Conselleria ya solicitó al Ministerio incluir el debate de la universalidad de la atención sanitaria en España en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el foro adecuado para debatir estas cuestiones. El Ministerio se negó entonces a aceptar esta petición», señalaron las citadas fuentes. Para avalar aún más la medida de la Generalitat, señalaron que el decreto fue aprobado por el Pleno del Consell y validado por «un amplio respaldo de los grupos parlamentarios y sin ningún voto en contra de Les Corts». Desde la Conselleria insistieron en que la atención sanitaria integral es un «principio irrenunciable» para la Generalitat.