La decisión adoptada por la Conselleria de Sanidad para facilitar, en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, el acceso de extranjeros en situación irregular a los servicios sanitarios públicos se ha convertido en escenario de debate entre el departamento autonómico y los ministerios de Empleo y de Sanidad. El Gobierno considera que la conselleria ha podido extralimitarse en sus competencias y se ha mostrado discrepante con algunos artículos del decreto de 24 de julio al considerar que pueden ser inconstitucionales.

La Conselleria de Sanidad defiende que la norma fue «avalada» por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat y que, además hay pronunciamientos del Tribunal Consitucional que respaldan actuaciones similares en el País Vasco y Navarra.

La situación se ha desencadenado después de que el Consell aprobara el pasado 24 de julio un Decreto Ley para regular el acceso a la atención sanitaria de los extranjeros sin cobertura sanitaria. La medida afecta a unas 30.000 personas, a quienes permite el acceso al sistema sanitario en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos cuando acrediten tres meses de empadronamiento en la Comunitat y no dispongan de aseguramiento, público o privado, entre otros requisitos. Sanidad dio a conocer la iniciativa como Acuerdo de Atención Sanitaria Universal.

La decisión de la conselleria, que con posterioridad refrendó el Consell, suponía un cambio respecto al Real Decreto de 2012 del Ministerio de Sanidad que había modificado el criterio para la consideración de los beneficiarios de la sanidad pública introduciendo la condición de asegurado para poder recibir la totalidad de las prestaciones sanitarias que ofrece la Comunitat. Desde el actual gobierno autonómico se consideraba que aquel Real Decreto había roto con la universalidad del modelo sanitario. Ahora cuando han pasado poco más de dos meses, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el de Sanidad han planteado discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat Valenciana por estimar que pueden ser inconstitucionales, según informó Efe.

Esta consideración ha llevado a los dos departamentos del Gobierno a solicitar que se constituya una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat para buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Gobierno. El documento expone que el decreto del Consell, que reguló el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat, «puede incurrir en extralimitación competencial».

La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, replicó señalando que la atención sanitaria integral, entendida como «un derecho fundamental de toda persona, es un principio irrenunciable» para el Consell. Recalcó que con el derecho al acceso integral a la salud «no se mercadea» y que «no contempla negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad».

En cuanto a la posibilidad de recurso ante el Constitucional, Montón recordó que la norma valenciana está «avalada» por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat y, además, «dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial tomadas en País Vasco y Navarra para reconocer la universalidad de la atención sanitaria.