La Fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel en una causa abierta en la
Audiencia Nacional que investiga
una estafa millonaria a más de 5.000
inmigrantes, pero Mónica González,
concejal de Hacienda del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), que
gobierna Podemos, se considera
«una víctima más» de la trama.
La concejal llegó a ser administradora
única de la empresa Eurowork,
responsable del engaño a inmigrantes
suramericanos interesados en
obtener un empleo en España. Les
pedían más de 450 euros después de
realizarles una promesa de visado y
trabajo. Al final, la sociedad acabó
apropiándose de más de 2,5 millones
de euros. Los clientes nunca lograron
el empleo prometido ni recuperaron
el dinero.
El proceso ha estado paralizado
varios años porque Luis Batlle, el jefe
de la empresa, se encontraba en
paradero desconocido. Finalmente,
llegó a España tras ser extraditado el
pasado mes de julio después de haber
sido detenido en octubre de 2014
en Tailandia con pasaporte falso y
haciéndose pasar por chef. Antes,
había estado en las Bahamas. El juicio
está ahora a la espera de que se
fije fecha para su celebración en los
próximos meses.
Mónica González, la concejal de
Podemos imputada en el caso, compareció
ayer públicamente para ofrecer
su versión acerca del papel que
ella desarrolló en Eurowork. «Soy
una víctima en todo este proceso
–proclamó–, pero me alegro de que
por fin hayan detenido a este hombre.
Son 10 años ya de sufrimiento».
Según cuenta, el jefe de la empresa
le pidió que se hiciese administradora
en su ausencia, pues él tenía
que atender otros asuntos. Acabó
siendo administradora única con 26
años, recién terminados sus estudios
de Derecho y un máster de Extranjería
con el que «pretendía ayudar a
los inmigrantes».
El proyecto de Eurowork le motivó,
recuerda, y entró en una empresa
que en principio tenía como fin
facilitar a inmigrantes un contrato
de trabajo. Su labor era tratar con
todos los inmigrantes que se interesaban
y ayudarles.
Cuando se descubrió el engaño, la
edil afirma que la dejaron «sola en el
barco» y tuvo que tratar con los perjudicados
directamente. «Hemos tenido
que abordar todas las deudas
que este hombre dejó con la empresa,
he tenido que pagar coches de la
empresa sin tener carné de conducir,
multas de tráfico», aseguró.
Mónica González se congratula
ahora de que por fin se pueda celebrar
el juicio para «demostrar» su
«inocencia». Mantiene que no se ha
apropiado del dinero de los «pobres
inmigrantes» y que su culpabilidad
reside en haberse ilusionado en un
proyecto finalmente fraudulento.
La compañía tenía filiales en América
Latina, motivo que hizo creer a
González que los procedimientos
respondían a la legalidad. «Era mi
primer trabajo remunerado y para lo
que había estudiado», relataba ayer,
mientras subrayaba que ella es una
«activista social» y que no tiene «nada
que ocultar». No obstante, admite
su firma como administradora
única. «Yo le dije [al jefe de la empresa]
que temporalmente sí, hasta que
vinieran los socios americanos. Vinieron
y dejé de ser administradora;
hoy me encuentro imputada por haber
firmado y confiado en un proyecto
de una persona que luego resultó
que venía a estafar».
El alcalde de Puerto Real, Antonio
Romero, que acompañó a la concejal
en su comparecencia, se declaró conocedor
de los hechos y de la causa
que tenía pendiente su edil, a la que
defendió en todo momento. Comparte
que su compañera de partido y de
equipo de gobierno es una «víctima».
Romero alega que el hecho de
participar en una candidatura de
unidad popular, como es Sí Se Puede
Puerto Real, ha hecho que cobre
mayor dimensión el proceso a pesar
de que, según dijo, la causa judicial
estaba encauzada de forma «positiva
» y «tranquila».
«En ese momento no era un cargo
público, no hubo ningún dinero
público por medio que se pudiese
llevar. No incumple nuestro código
ético, no ha habido enriquecimiento
personal», mantuvo el alcalde
de Puerto Real.
En cualquier caso, Mónica González
se mostró a disposición de lo que
decida la asamblea local de Podemos
en Puerto Real en torno a su cargo.
«Condiciono mi continuidad a lo que
diga la asamblea», declaró.
Precisamente, la formación política
acordó ayer iniciar el proceso para
la suspensión cautelar de militancia
de la edil de Hacienda del Consistorio
puertorrealeño y, «si procede»,
su acta de concejal, según anunció
su secretaria local, Inmaculada Padilla.
El puesto de concejal de la imputada
queda a expensas de lo que decida
el órgano estatal en Madrid. Podemos
Puerto Real llevará el caso a
la Comisión de Derechos y Garantías del partido.