Podemos Puerto Real (Cádiz) ha informado del inicio de un proceso en la Comisión de Derechos y Garantías para solicitar la suspensión cautelar de militancia del partido y, si procede, el acta de concejal de la edil de Hacienda de dicho municipio, Mónica González, tras conocer que está imputada por la Audiencia Nacional en un procedimiento por estafa a inmigrantes .

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel por estafa y asociación para delinquir para la edil de ‘Sí se Puede Puerto Real’ (SSPPR) – formación que gobierna en minoría en la localidad tras un pacto con Equo – , elevando la acusación particular la petición de pena a los diez años de prisión.

González no es la única edil investigada judicialmente en el gobierno de Puerto Real, ya que también la Fiscalía ya ha enviado a la Audiencia Nacional la denuncia por los mensajes ofensivos que dejó en redes sociales otro edil de Podemos, Juan Antonio Pontones, en los que llegó a elogiar a los GRAPO y a desear la muerte de policías.

Un caso de 2006

El caso de Mónica González, sin embargo, llama la atención, ya que su imputación es anterior a su inclusión en la candidatura ‘Sí se puede Puerto Real’ de las municipales y podía entrar en contradicción con el código ético del partido morado.

González está imputada en una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga la estafa millonaria que pudo cometer la empresa Eurowork contra miles de inmigrantes sudamericanos. El caso se retrotrae a 2006 cuando González trabajaba como administradora única de Eurowork, un proyecto que pretendía ayudar a buscar trabajo a los inmigrantes llegados de diversos países americanos a España

Esta entidad se encargaba de gestionar los visados, para lo cual cobraba unos 400 euros a los solicitantes, y de buscarles trabajo, pero ese empleo no llegaba y la devolución prometida del dinero no se ejecutaba, lo que motivó hasta 5.000 denuncias de ciudadanos de diversos países sudamericanos, lo que suma una estafa de 2,5 millones de euros.

Según la información recopilada por Europa Press, la Guardia Civil y la Policía de Tailandia detuvieron en octubre de 2014 a Luis B. V., de 54 años, de nacionalidad española y máximo responsable de la empresa Eurowork Global, creada para estafar.

Yo era una intermediaria

Mónica González compareció ayer acompañada del alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, quien defiende su inocencia. La delegada de Hacienda se presentó como «una víctima más» de este caso y puso su cargo público a disposición de lo que decida la asamblea de Podemos Puerto Real, informa Efe.

«Yo era una intermediaria con los inmigrantes , fui la que puse la cara porque a mí me dejaron sola cuando llegaron las denuncias, he sufrido mucho pero yo me siento una estafada más», explicó la concejala.

González dijo que espera que, una vez ha sido localizado en Tailandia el propietario de Eurowork, se celebre el juicio en unos meses y del que espera «salir muy tranquila porque servirá para que se aclaren las cosas».

El alcalde admitió que conocía todo el pasado judicial de González cuando la sumó a su lista y a su equipo de gobierno como delegada de Hacienda y ha atribuido a una «vigilancia extrema» la publicación de esta imputación porque a «los partidos de unidad popular nos miran con lupa».

Romero agregó que no cree que González tenga que asumir ninguna responsabilidad política porque ella no ha incumplido el código ético de Podemos, al no haber ningún enriquecimiento personal en su gestión sino «todo lo contrario porque ha vivido un auténtico calvario».

Podemos Puerto Real ha anunciado que va a solicitar la suspensión cautelar de militancia y, si es necesario, el acta de concejal de González, aunque no se tomará ninguna medida hasta escuchar a la afectada y a la dirección estatal.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de Podemos Puerto Real, Inmaculada Padilla, explicó que procederán de esta manera tras «consultar a Podemos estatal y escuchar a la persona interesada».