donostia – No estaba en el hemiciclo – ya no es parlamentario vasco – ni en las tribunas destinadas al público, ya que se encontraba en un Pleno en el Ayuntamiento de Gasteiz, pero la figura de Javier Maroto, exalcalde de Gasteiz, estuvo muy pero que muy presente durante todo el debate en la Cámara Vasca. No en vano, se debatía la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la plataforma Ayudas+Justas, promovida para la última campaña electoral municipal por el propio Javier Maroto (PP) en su intento de conservar el sillón de alcalde de Gasteiz, y que recabó 37.000 firmas a favor de endurecer el acceso de los inmigrantes a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Pero no hubo sorpresas y el Pleno celebrado ayer en el Parlamento Vasco volvió a demostrar la soledad del Partido Popular en este tema al rechazar la toma en consideración de esta iniciativa, que entre sus medidas incluye varios cambios para endurecer los requisitos de acceso a esta ayuda.

La iniciativa fue rehusada por el PNV, EH Bildu, PSE – EE y UPyD, que coincidieron en la importancia de combatir el fraude en este y otros campos, pero se opusieron a los “recortes” que plantea, mientras que el PP la apoyó y aseguró que su objetivo es “mejorar” el sistema. La toma en consideración de la iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre este asunto fue finalmente rechazada por 65 votos en contra y diez a favor.

La propuesta planteaba diversas modificaciones sobre los requisitos de acceso a la RGI, la prestación destinada a los ciudadanos sin recursos económicos, entre ellas excluir de esta ayuda a las personas sin permiso de residencia y a quienes no lleven cinco años empadronadas en Euskadi.

Durante el Pleno de ayer, el resto de grupos aludieron al polémico debate que ha rodeado esta propuesta. Desde el PNV, Amaia Arregi defendió el sistema de protección social de Euskadi, del que destacó que contribuye a proteger de la “exclusión social y la marginación” a miles de personas. La parlamentaria jeltzale manifestó su respeto hacia los firmantes de la ILP, pero advirtió de que “no habrá diálogo” con ellos si lo que pretenden “es dejar fuera del sistema” de protección social a los inmigrantes, al tiempo que consideró que es “una auténtica irresponsabilidad” ligar el fraude con el origen de las personas.

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco denunció que se pretenda condenar “a miles de personas a pasar hambre y frío, solo por ser extranjeros”. Al igual que otras formaciones, explicó que la presentación de la propuesta a través de una ILP es un “fraude de ley”, puesto que esta fórmula legislativa está pensada para iniciativas “espontáneas” de la sociedad, pero esta “se gestó en la sede” del PP.

Por parte del PSE, Txaro Sarasua defendió el sistema de protección social de Euskadi. Además, coincidió en la necesidad de combatir el fraude, pero no solo en las ayudas sociales, sino también en el ámbito fiscal, que según dijo es “mucho más cuantioso”.

Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, lanzó duras críticas a la actitud de Maroto en relación a este asunto. “Actuó de forma irresponsable, demagógica y partidista, estigmatizando a colectivos enteros y señalando a la población magrebí”, censuró.

En el otro lado, desde el PP, Laura Garrido, acusó al resto de grupos de “silenciar la voz” de los firmantes de la ILP y de haber hecho un “ejercicio de cinismo e hipocresía política” al haber impedido que esta propuesta siga adelante.