donostia – Los dos inmigrantes iraquíes, de 19 y 26 años, que se encuentran acogidos en un albergue municipal de Donostia presentarán alegaciones al expediente de expulsión incoado en su contra por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), algo que aún no se ha planteado a su compañero, porque sigue hospitalizado. Así lo anunciaron ayer fuentes jurídicas próximas al caso, que explicaron que el tercer inmigrante kurdo, de 19 años, estudiará los pasos legales a dar una vez “mejore” su estado de salud, porque ahora sigue bajo tratamiento, ya que sufre una complicación renal.

Estas tres personas fueron descubiertas la tarde del pasado martes en el interior de un camión frigorífico, que se encontraba en una área de servicio de la AP – 8 en Hernani, por un transportista que escuchó los golpes y gritos que proferían desde dentro del vehículo.

Por el hecho de estar en situación irregular en territorio nacional, el CNP les incoó ayer un expediente administrativo sancionador, proponiendo su expulsión del Estado por espacio de tres años, una resolución que, según las fuentes citadas, “no es definitiva” ya que los afectados disponen de un plazo de 48 horas para formular alegaciones. Así, los dos inmigrantes que se encuentran acogidos por Cruz Roja en un albergue municipal de Donostia ya han manifestado su voluntad de recurrir la expulsión ante la Brigada de Extranjería en la Comisaría de la Policía Nacional de Donostia. De forma paralela, ambos extranjeros manejan la posibilidad de formular una solicitud de asilo o, en su defecto, una de “protección internacional subsidiaria”. En cualquiera de los dos casos, “el procedimiento de expulsión quedaría en suspenso de forma automática hasta que se resuelva” su solicitud.

Además de la Cruz Roja, se ocupan del caso otras ONG que están asesorando a los migrantes sobre cuál de estas dos figuras legales se adapta mejor a su situación personal. Las fuentes aclararon que el asilo es un concepto “más específico, porque se otorga por unos motivos concretos” como razones de persecución religiosa, étnicas y sexuales. Por el contrario, la “protección internacional subsidiaria” es una figura “mucho más amplia” que “se aplica a personas que se han podido ver afectadas por una situación de conflicto bélico” pero sin que en su caso concurren “criterios políticos ni religiosos o étnicos”.

“Se ven afectados por ese conflicto bélico, su país de origen no les puede dar una protección y por ese motivo se ven abocados a solicitarla de forma subsidiaria en otro país”, concretan las fuentes. No obstante, la protección que recibirían será la misma tanto en un caso como en otro.

Las fuentes desvelaron asimismo que, lo que está fuera de toda duda, es que este trámite se hará en España y no en Gran Bretaña como se había especulado por el hecho de que estas personas cuentan con allegados en el Reino Unido. “Ellos tienen la obligación de solicitar el asilo en el primer país en el que han quedado detenidos. En este caso ha sido aquí” , dijeron.

En el supuesto de que todas estas gestiones fructifiquen y si finalmente se admite a trámite su solicitud, los demandantes recibirían “una autorización temporal para vivir aquí tranquilamente y tendrían acceso a los derechos que tiene cualquier español, como la educación la sanidad y el resto de derechos civiles”.

El “expediente” con la solicitud que eventualmente hagan estos extranjeros será presentado ante al Ministerio del Interior, que lo derivará a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio para su estudio, aunque posteriormente volverá al Ministerio, que resolverá definitivamente “si admite o rechaza” la petición. En caso de que se estime alguna de las medidas de protección solicitadas, los extranjeros contarían con una autorización de residencia y trabajo en el Estado español que, en opinión de las fuentes consultadas, les permitirá “poder viajar” a otros países, si ese es su deseo.

“Despropósito” La apertura del expediente de expulsión no gustó a colectivos como SOS Racismo, que tildó la medida de “despropósito” porque es un “hecho indiscutible” que estaban “huyendo de una zona de conflicto” por miedo al Estado Islámico y, “por tanto, son acreedoras de un tratamiento distinto al que la Ley de Extranjería reserva a las personas migrantes que no tienen permiso de residencia”.

De hecho, Mikel Mazkiaran también citó como alternativa la autorización por razones de protección internacional y añadió el permiso temporal por colaboración con las autoridades policiales.

Para SOS Racismo, el Gobierno “ha perdido una nueva oportunidad de demostrar que apuesta por una política humanitaria y respetuosa de los derecho humanos y ha mostrado su cara más represiva”. – Efe/N.G.