El Parlamento Vasco dio ayer portazo a la iniciativa legislativa popular de la plataforma Ayudas+Justas – impulsada por el ya exalcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP) – , que recabó 37.000 firmas a favor de endurecer el acceso de los inmigrantes a la renta de garantía de ingresos (RGI) y evitar fraudes en su cobro. Maroto, actual vicesecretario sectorial del PP, interpretó la negativa de PNV, EH Bildu, PSE y UPyD a debatir esta propuesta como «una patada en la boca» a los ciudadanos que la apoyaron con su rúbrica. Entre otras cuestiones, planteaba elevar de tres a cinco años la exigencia de empadronamiento para poder solicitar la ayuda y excluir a los extranjeros que carecieran de permiso de residencia y a las personas con antecedentes delictivos. Igualmente pedía cambiar el tratamiento del patrimonio de los solicitantes de la RGI para evitar desigualdades y que se incrementase la cantidad que reciben los pensionistas para complementar sus ingresos.

El recorrido de la iniciativa se cortó ayer de cuajo sin la presencia de Maroto, su principal valedor, puesto que ya no es parlamentario. Aunque hubiera querido asistir como invitado, lo tenía muy complicado porque le coincidió con un pleno municipal importante, en el que su sucesor, Gorka Urtaran (PNV), expuso su programa de gobierno.

Mientras, a unos 300 metros del Ayuntamiento, PNV, EH Bildu, PSE y UPyD ponían fin al intento de modificar la ley que regula la RGI, porque se oponen a dialogar sobre una propuesta que lo que busca es «dejar fuera del sistema» de protección social a los inmigrantes. El hecho de que Maroto fuera el impulsor también ha contribuido a que esta iniciativa haya tenido los días contados en el Parlamento Vasco, ya que el resto de grupos no perdonan al dirigente popular que haya puesto «en la diana a las personas más vulnerables».

«Vergonzoso»

Después de escuchar a todos los partidos desde la tribuna del salón de plenos, la portavoz de Ayudas+Justas, Julia Ruiz, mostró su malestar por el rechazo de la toma en consideración de la propuesta y denunció que es «vergonzoso». En ese sentido, hizo hincapié en que todas las personas que han recogido firmas son «apolíticas» y que la ILP «ha partido de la gente», aunque reconoció que Maroto promovió este debate, algo que, «en parte», se lo agradece.

El paso de esta iniciativa por la Cámara vasca ha sido más silencioso que su proceso de gestación, ya que a las críticas de los partidos por su sesgo electoral se unió también la de un colectivo de sacerdotes de Vitoria por la «manipulación» y «confusión» que rodeaba la campaña de recogida de firmas. Incluso el portavoz de la plataforma se vio obligado a dejar el cargo al salir a la luz que el Inem y la Seguridad Social le investigaban por impagos y por cobros indebidos de la prestación de desempleo. La implicación del exalcalde abrió una brecha entre el PP y el resto de partidos municipales, algo determinante a la hora de que no pudiese repetir en la alcaldía, pese a haber ganado las elecciones, ya que no consiguió apoyo para ser investido.