SE pueden establecer analogías entre un sistema informático y el Estado de Derecho. Si nuestro entramado político, institucional y económico fuesen el hardware, las leyes actuales, inspiradas por una tradición humanista y liberal, serían el software que lo hace funcionar, creando la base para una existencia tolerante, plural y llena de posibilidades para el desarrollo del individuo, tal y como hoy la conocemos. Obviamente ningún software es perfecto. Con frecuencia incluye defectos que, hábilmente aprovechados, abren las puertas a intrusiones no deseadas, abusos o incluso a la paralización del sistema. Los delincuentes informáticos lo saben. Después de haber estudiado a fondo el funcionamiento del sistema, explotan sus puntos débiles, instalan diversos troyanos y adquieren un control que les permite utilizar para sus propios fines todos los recursos de la máquina. Los usuarios de a pie ni se enteran. A veces, incluso protestan contra el administrador por las molestias que suponen las tareas de mantenimiento, instalación de parches y otras cosas por el estilo.

En este caso, el administrador del sistema es un funcionario de carrera llamado Rafael Catalá Polo, quien casualmente ejerce como ministro de Justicia y que en breve presentará el nuevo proyecto para un Decreto Ley cuyo objetivo consiste en reformar los estatutos de la Conferencia Islámica Española, organismo que agrupa a todas las asociaciones representativas de las comunidades islámicas asentadas en territorio estatal (según Ley 26/1992 de 10 de noviembre). El parche que el ministro planea instalar en el sistema es simple: modificar el artículo 5 del reglamento de dicha Conferencia para que en lo sucesivo la CIE tenga un solo presidente y, por lo tanto, un único interlocutor entre el Islam español y las administraciones públicas.

Tal cosa beneficiaría indudablemente a todos los usuarios del sistema, pero sobre todo a los miembros de una asociación llamada Ucide (Unión de Comunidades Islámicas de España), de tendencia moderada y dispuestos a integrarse dentro de un estado de derecho democrático y laico al estilo occidental. No obstante, la institución de este directivo único incomoda a otro colectivo musulmán, adversario del anterior, que últimamente está haciendo mucho ruido en los medios: la Feeri (Federación Española de Entidades Religiosas), dirigida por el caudillo religioso Mounir Benjelloun Andaloussi. Feeri es una organización vinculada ideológicamente – aunque no de manera formal – al movimiento integrista marroquí Justicia y Caridad, que propugna la primacía de la ley islámica – Sharia – sobre cualquier otro sistema de relaciones políticas o civiles. También conspira contra la monarquía alauita por considerar que el rey de Marruecos, Mohamed VI, no está legitimado para ejercer la jefatura del Estado en una comunidad de auténticos creyentes.

En el Estado Español, la estrategia desplegada por Feeri pasa por un enfrentamiento constante con las administraciones públicas en temas de educación religiosa, exigiendo el derecho a nombrar, según su propio criterio, a los profesores de religión islámica en los centros de enseñanza, intentando imponer una retribución de los mismos con cargo a los presupuestos públicos y, finalmente, la preeminencia de la sharia sobre la ley civil, o al menos, el privilegio de poder aplicarla en el colectivo musulmán al margen de las leyes del Estado. Ni qué decir tiene que esos clérigos que van a explicar el Corán a los niños de las escuelas no proceden del ámbito más moderado y pluralista del Islam, ni han oído hablar jamás de la Alianza de Civilizaciones fundada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Aparte de que la presencia de una facción ideológicamente tan comprometida supone una permanente fuente de conflictos con el gobierno de Marruecos, no hace falta adivinar cuáles pueden ser las consecuencias de este activismo para el estado de derecho: adiós al laicismo, a las políticas avanzadas sobre la mujer y a una visión progresista de la vida. Adiós también a las perspectivas de integración pacífica de un amplio colectivo de ciudadanos musulmanes que aspiran a integrarse pacíficamente y de una manera productiva en la sociedad occidental. Una vez abierta la brecha, resultaría imposible de cerrar. Y, visto que es posible, quizá otras comunidades querrían abrir las suyas, con el propósito de crear su propio oasis legislativo.

Cuando se habla de radicalismo islámico, se pone demasiado énfasis en las acciones de grupos como Al – Qaida, el Takfir o Estado Islámico. Las atrocidades venden más que los aburridos temas legales (a no ser que tengan que ver con el burkha o la separación de sexos en las piscinas). Sin embargo, la cara más visible de los conflictos no siempre es el terreno en el que las cuestiones se deciden de modo impactante. Leyes y normativas, junto con la filosofía del derecho sobre la cual se asientan, y que se da por supuesta mediante nuestra tácita aceptación de los códigos, son más importantes que el Youtube de un prisionero de guerra degollado. Los ulemas que pugnan por cambiarlas, tanto en el mundo árabe como en Europa, hacen a la yihad una contribución mucho más inquietante que los terroristas suicidas y los guerreros del EI.

Para fastidiar a los hackers no hace falta instalar un sistema nuevo, basta con poner el parche que obstaculiza la intrusión. Nadie recordará al ministro Rafael Catalá por haber emitido un decreto que reforma los estatutos de una oscura organización islámica. Además, se trata de una labor rutinaria de mantenimiento de sistemas que se llevará a cabo por mucho que los usuarios protesten. Pero de no hacerse el decreto, las consecuencias a largo plazo podrían ser terribles. Desde que se abolió la Inquisición en España, ninguna norma religiosa ha estado por encima de las leyes del Estado. Ahora eso podría cambiar.

Podemos pensar que la cosa no es tan grave. Nadie lee el Boletín Oficial del Estado a no ser que esté viviendo de las subvenciones. Además, Euskadi queda lejos de esos conflictos geopolíticos y goza de un clima atlántico poco apetecido por el afán de conquista de un Califato que preferiría volver a asentarse en su añorado Al – Andalus y, como muy al norte, Madrid. ¿O a lo peor estamos equivocados? ¿No vivimos en un mundo global? La sociedad vasca debería hacerse con respecto al radicalismo islámico el mismo tipo de sanas reflexiones que en su día se hizo sobre la cultura de la violencia. Disponer de interlocutores únicos para las diferentes comunidades con las que una sociedad ha de convivir dentro de su propio hábitat jurisdiccional es importante, más de lo que pensamos.