Son pocos los procedimientos judiciales sobre trata de seres humanos en su vertiente de explotación laboral que llegan a la fase de la vista oral, pero una de esas excepciones se vio ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Fiscalía conseguía sentar en el banquillo a un clan rumano, acusado de introducir a compatriotas en España para después someterlos a un régimen de esclavitud. Aprovechaban que vivían en la indigencia en Rumanía para captarlos fácilmente. Ésa esa la acusación que realiza el Ministerio Público contra cinco miembros del clan Muti, asentado en Olivares.

Los acusados se enfrentan a penas que suman 168 años de cárcel por pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de servidumbre, detención ilegal e intimidación. En la primera sesión del juicio negaron haber explotado a tres personas en diciembre del año pasado. Dos de ellos declararon ante la Policía y después en sede judicial donde esos interrogatorios se realizaron como prueba preconstituida para evitar que tuvieran que hacerlo de nuevo y ante sus supuestos explotadores en el juicio.

Los cinco acusados se acogieron a la misma versión: que los tres viajaron por su cuenta a España y que entraron en contacto con la familia en un campo de Olivares donde pidieron trabajo y un techo donde cobijarse. A cambio de nada, el principal acusado, como cabecilla del clan, aseguró que les ofreció quedarse en su casa.

Siguiendo con ese testimonio, dijo que la convivencia con los denunciantes se rompió cuando después de haber llegado «borrachos» en varias ocasiones a la vivienda, le pidieron dinero y él se negó. Su mujer, también acusada, afirma que la denuncia que formularon contra el clan sólo buscaba conseguir dinero. «Me dijeron que si les pagaba 5.000 euros a cada uno, retirarían los cargos».

Atacar las lagunas
La fiscal dirigió sus preguntas para atacar las lagunas que presentaba esta versión. Durante el registro de la vivienda, la Policía encontró la documentación personal de las víctimas que había sido confiscada por uno de los acusados. También hallaron los billetes de autobús desde Rumanía a Sevilla bajo la custodia de otro de los acusados, quien había realizado el viaje junto a ellos. Este imputado aseguró que a pesar de haber coincidido en el mismo trayecto y de ser un viaje muy largo, no contactó con ellos. Sobre cómo llegaron esas mismas personas a su casa, supuestamente una semana después según su versión, no supo aclararlo.

Tampoco dieron una explicación clara de por qué apareció en la vivienda del clan numerosas fotocopias de documentos de otros rumanos y que presuntamente habría tenido un uso ilícito.

Las víctimas cuentan una vivencia muy distinta. La fiscal ha pedido que se reproduzcan sus testimonios grabados en sede judicial. Estas personas aseguran que uno de los acusados contactó con ellos en Rumanía. Les ofreció un trabajo de 700 euros en España y como vivían en la indigencia no lo dudaron. Cuando llegaron a Sevilla, les retiraron la documentación, les encerraron en una casa de Olivares y les obligaron a robar naranjas y pelar cables de cobre que el clan sustraía.

Cuatro agentes del grupo II de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF) que participaron en la investigación, declararon también en la vista oral. Dos de ellos fueron los que encontraron a dos de las víctimas deambulando por Sevilla. Se habían escapado de la casa y habían llegado a pie a la capital. Al contactar con ellos, accedieron a contar lo que les había ocurrido.