La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) pidió hoy la creación de un estatuto europeo del refugiado que ponga fin al Reglamento de Dublín de la Unión Europea (UE), convertido en “un símbolo de injusticia y de falta de solidaridad de la política europea en materia de asilo”.

El Reglamento de Dublín, instrumento jurídico de la UE que identifica al Estado que debe examinar una demanda de asilo, provoca violaciones de derechos de los demandantes en el respeto del derecho a la vida familiar, la prohibición de malos tratos y la expulsión, según la resolución aprobada hoy por una mayoría de los parlamentarios.

El texto, que no contó con el respaldo de los conservadores británicos, señala que ese reglamento, cuyo principal criterio es que el país competente es el que tomó primero las huellas al refugiado, “no funciona como debe y no es eficaz”, genera “un coste humano elevado e inaceptable” y necesita “una reforma urgente”.

El estatuto de “refugiado europeo” propuesto por la APCE “permitiría el cambio de residencia y el ejercicio de otros derechos entre los diferentes estados” y ampliar a dos años el periodo para beneficiarse de la directiva sobre residentes de larga duración.

Además, se propone un sistema obligatorio para el reparto de demandantes de asilo y que se tenga en cuenta las preferencias de los afectados.

El senador español Arcadio Díz Tejera pidió una política europea común y señaló cómo España, en 2006, “resolvió sola la crisis de los cayucos en Canarias”, cambiando la política de visados y aumentando la inversión para ordenar los flujos migratorios.

Antes, la Asamblea celebró un debate sobre la respuesta humanitaria y la política global a la actual crisis migratoria y de refugiados en Europa.

El ponente, el presidente del Grupo Popular Pedro Agramunt, criticó la “lentitud” con la que han actuado las autoridades europeas y pidió una política humanitaria “eficaz” y protección ciudadana “ante posibles infiltraciones del terrorismo yihadista”.

En el debate intervino la presidenta del Parlamento italiano, Laura Boldrini, que aseguró que “los muros y barreras son contrarios a los valores europeos” y se mostró partidaria de otros mecanismos, como las cuotas y los centros de acogida.

La APCE aprobó otra resolución en la que muestra su inquietud por el cambio en la legislación española, criticado por el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, que “permiten la expulsión de inmigrantes que llega a Ceuta y Melilla”.