A grandes males, grandes remedios. Eso debió pensar ayer el Gobierno alemán cuando aprobó endurecer su política de asilo, para gestionar la crisis migratoria que tiene desbordado a la autoridades y a Angela Merkel a merced de las críticas. Entre las medidas destaca la ampliación de la lista de países seguros, en la que a partir de ahora figurarán Albania, Kosovo y Montenegro. Así podrá expulsar más fácilmente a los ciudadanos de estas nacionalidades, que suponen alrededor del 40 % de los demandantes de asilo, por considerarles inmigrantes económicos, y gestionar con más empeño las peticiones de refugiados procedentes de países en conflicto como Siria o Irak.
PublicidadPero la reforma de la ley, que podría entrar en vigor en noviembre tras recibir luz verde del Parlamento, también implica que los refugiados que lleguen a Alemania (entre 800.000 y un millón este año y otros 800.000 en el 2016) reciban más servicios o prestaciones y menos dinero en efectivo. El portavoz del Ejecutivo germano insistió en que las medidas pretenden «acelerar los trámites de asilo», «eliminar los alicientes perversos» a la inmigración, «integrar antes y mejor» a quienes tengan derecho a quedarse y «devolver rápidamente» a los que no. Para colmo el viceministro de Finanzas, Jens Spahn, propuso ayer en una entrevista a Die Welt que se excluya a los refugiados de la nueva ley de salario mínimo interprofesional, con la idea de garantizar antes su acceso al mercado laboral.