La Unión Europea ha vuelto a mostrar fragilidad estructural y carencia de liderazgo por enésima vez en la crisis de los refugiados, no ya por incapacidad en su resolución, que hay que admitir como muy compleja, sino por las divergencias internas que imposibilitan una postura y un proyecto europeo común de acogida y parecen encaminar la política comunitaria al objetivo del control de las fronteras exteriores de la UE. Hacia ese ámbito dirigió su discurso el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ante el evidente riesgo que supone la crisis para la Europa unida, tanto en el nivel práctico del cuestionamiento del espacio Schengen, como en el político de los interrogantes sobre la viabilidad de la actual estructuración de la UE y en el fundamental del espíritu europeo enraizado en el respeto a la legalidad internacional, incluidos el derecho de asilo y los derechos humanos. Que Eslovaquia, Rumania, Hungría y la República Checa (Finlandia se abstuvo) rechazaran el martes las cuotas del reparto de refugiados de la Comisión Europea y el primero de ellos plantee incluso un conflicto legal ante el Tribunal de Luxemburgo no es ajeno a la durante décadas rota ligazón con la tradición europea de todos ellos, así como a su escasa vocación europeísta más allá de la percepción de fondos estructurales y la pertenencia a un mercado común. Tiene que ver, por tanto, con una Unión Europea que ha primado la vertiginosa ampliación de los horizontes comerciales de sus estados (en este caso hacia el este) a una mucho más lenta pero también más efectiva homogeneización de las muy diversas sociedades que la componen y cuya única política de cohesión se ha centrado en el desarrollismo económico. El resultado son las enormes dificultades para alcanzar, más allá del juego de sanciones y contrapartidas, posturas comunes en asuntos cruciales para la UE incluso si son mucho menos espinosos políticamente que la obligación de asilo de cientos de miles de refugiados. Y en este caso deriva en la incapacidad de Europa para liderar nuevas maneras de afrontar los conflictos y la desigualdad origen de esta y otras crisis y condena a sus instituciones a remedios parciales que, como la nueva aportación de 1.700 millones aprobada por la Comisión o las mismas cuotas de reparto, apenas suponen un alivio momentáneo a un problema creciente y universal.