La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior acumulaba al cierre del mes de junio un total de 12.055 expedientes sin resolver de solicitantes de asilo, personas que han pedido formalmente protección internacional a España y que se encuentran en el Estado esperando recibir respuesta de la Administración. Así lo revelan las últimas estadísticas de Eurostat, que ofrecen la perspectiva mes a mes desde 2008 y reflejan cómo el progresivo incremento experimentado desde 2012 en el volumen de solicitudes de asilo recibidas, va acompañado de un aumento en los expedientes en tramitación.

En 2012 se registraron 2.588 peticiones de asilo, que ascendieron a 4.502 un año después y alcanzaron las 5.947 al cierre de 2014, principalmente por el volumen de desplazados causados tanto por la guerra en Siria como en Malí y después, en Ucrania, las tres nacionalidades que generan hoy más refugiados en España.

Ya el 2012 arrancó para la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) con 2.715 expedientes pendientes de resolver de personas que habían pedido protección durante los meses anteriores. La cifra fue oscilando, pero al cabo del año se mantenía estable, con 2.700 solicitudes en tramitación. En enero de 2013 ya se contaban 2.660, pero durante los meses siguientes las peticiones pendientes aumentaron: en julio ya eran 3.920 y al final de diciembre se contaban 4.345 en espera de resolución.

Durante 2014 la tendencia se aceleró: 5.865 solicitudes sin resolver al cabo del primer trimestre, un total de 6.410 al término del mes de junio y 7.525 a 31 de diciembre, a las que se han acumulado las formalizadas durante los primeros seis meses de 2015. En enero había ya 8.175 pendientes, que se convirtieron en 9.605 en abril, en 11.020 en mayo y en las ya mencionadas 12.055 computadas al cierre de junio.

De estas 12.055 personas, 2.250 son menores de edad y hasta 2.115 tienen menos de 14 años. Por nacionalidades, los grupos más amplios son los de sirios, con 3.815 peticiones pendientes; ucranianos, con 1.910 y malienses, que suman 1.835. Pero hay también palestinos, iraquíes, cameruneses y de otros países donde los Derechos Humanos no están protegidos.

Demoras de más de un año

Las solicitudes de asilo son un proceso que si bien por ley debería culminar en seis meses, puede demorarse más de un año, lo que provoca la disparidad de cifras entre las solicitudes que se registran, las que se tramitan y las que se resuelven. Interior calcula que habrá recibido 15.000 peticiones al cabo de este año, pero eso no significa que se resuelvan tantos expedientes ni que se conceda esa cantidad de estatutos de protección.

En 2014, por ejemplo, se presentaron 5.947 solicitudes de asilo y de ellas, fueron admitidas a trámite 4.768. Ese mismo año, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que es el organismo encargado y se reúne mensualmente, se pronunció sobre 3.614 expedientes y el resto, pasó a engrosar la lista de asuntos pendientes. En 2.029 de estos casos se negó la protección, así que al final fueron 1.583 nuevos refugiados de los que sólo 384 recibieron el estatuto.

Algunos expertos señalan que la acumulación de expedientes responde tanto a las dificultades propias del procedimiento de asilo, que requiere de al menos una entrevista personal y un estudio en profundidad de cada caso, como a la falta de medios personales y materiales; pero sobre todo, a una falta de voluntad política. Así, señalan que podría articularse un mecanismo extraordinario o dotar a la OAR de los recursos necesarios.

Cuando se trata de quienes ya han registrado la petición, reciben un permiso de residencia, conocida como la tarjeta roja, para estar documentados mientras se resuelve su expediente, lo que les da acceso a los recursos de acogida. Cuenta con una validez de seis meses y no permite trabajar en España, aunque si el afectado tiene que renovar el documento porque la administración se demora demasiado, se le otorga un permiso para poder buscar un empleo.