Solidaridad pero también responsabilidad. Este es el contundente mensaje lanzado por la Comisión Europea a los gobiernos de la UE apenas 12 horas después de que los ministros de Interior consiguieran pactar la redistribución adicional de 120.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia. Y es que actualmente solo cinco estados miembros aplican correctamente la legislación comunitaria en materia de asilo. Entre los 19 que vulneran alguna de las normas se encuentra España, que se lleva tres duros reproches del Ejecutivo comunitario. «Lamento decir que hasta ahora solo cinco estados miembros han implementado y traspuesto la legislación sobre asilo así que abrimos 40 procedimientos de infracción que se suman a los 35 ya abiertos», anunció este míércoles el vicepresidente Frans Timmermans.

En el caso de España el primero de los procedimientos llega en forma de ultimátum por no trasponer a la legislación española la directiva sobre cualificaciones que armoniza los estándares mínimos para considerar a un nacional de un tercer país o sin estado como beneficiario del derecho a recibir protección internacional y que regula también derechos como el permiso de residencia, acceso al empleo, educación, sanidad, alojamiento o a disponer de documentos de viaje. El plazo límite era el 21 de diciembre del 2013 y hay dos países que siguen sin cumplir: España y Bulgaria. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene ahora dos meses para comunicar al Ejecutivo comunitario las medidas que ha adoptado para cumplir con la ley europea. Si Bruselas no se declara satisfecha podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en un proceso que en último término podría terminar en multas.

Entre las cuatro decenas de decisiones de infracción adoptadas por el Ejecutivo comunitario en un momento tan clave como este también contra Alemania, Francia, Italia o Grecia figuran otras dos amonestaciones a España. La primera por no haber traspuesto a la legislación interna la directiva sobre procedimientos de asilo, que regula la concesión o retirada de la protección internacional y que establece las reglas sobre cómo realizar la solicitud de asilo. Y la segunda por no haber recogido en la ley española la normativa sobre condiciones de recepción. Esta directiva regula los estándares mínimos para la recepción de solicitantes de asilo y aclara las obligaciones legales de los estados miembros para garantizar las condiciones mínimas que deben cumplir en materia de alojamiento, comida, sanidad y empleo así como atención médica y psicológica. En ambos casos los 18 países acusados tendrían que haber cumplido para el 20 de julio. Ahora tienen también dos meses de plazo para responder.

«Es muy importante que todos los estados miembros implementen la política de asilo. No es suficiente acordar algo, hay que aplicarlo correctamente para evitar que los refugiados vayan de un lugar a otro solicitando asilo. Es crucial que todos los estados miembros implementen las mismas reglas y estándares para proteger los derechos y evitar movimientos secundarios», advirtió este miércoles el comisario de Interior, Dimitrios Avramopoulous, que acusó al Gobierno de Angela Merkel de contribuir «a colapsar» el sistema de Dublín con su decisión unilateral de abrir las fronteras a los refugiados sirios. Los únicos cinco países que se salvan en esta ocasión de la reprobación son Finlandia, Croacia, Holanda, Portugal y Eslovaquia.