Los ministros de Interior de la UE han logrado este martes un acuerdo «por amplia mayoría» para reubicar en los estados miembro a 120.000 refugiados llegados inicialmente a Italia y Grecia. El acuerdo ha salido adelante a pesar del voto en contra de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía y la abstención de Finlandia.

Los Estados miembro de la Unión Europea han aceptado reubicar a 120.000 refugiados llegados principalmente a Italia y Grecia. El acuerdo se ha tomado «por amplia mayoría» a pesar de que Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía han votado en contra, mientras que Finlandia se ha abstenido. El número de refugiados que está llegando al sur de Europa es mucho mayor.

Uno de los cambios clave respecto al primer reparto de 40.000 refugiados es que no se hará referencia expresa a un sistema de reparto obligatorio, sino que se busca el consenso sobre una base legal vinculante para el reparto del total de las plazas de acogida, pero sobre compromisos voluntarios de cada Estado miembro.

Ante ello, el Gobierno que lidera Viktor Orban se ha negado de plano a ser considerado país «de primera línea» en la crisis migratoria, sostiene que es un país de tránsito y no admite ser considerado beneficiario del plan de reparto. Pese a ello, también se le asignará un cupo a Hungría, sin que hayan trascendido más datos del reparto.

Así, se ha establecido un plan de dos fases que en la primera permitirá reubicar en los estados miembro a un total de 66.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia, los países más afectados por la crisis migratoria.

Los 54.000 restantes previstos para el cupo húngaro quedarán en una especie de «reserva», de modo que serán reubicados en una segunda fase y procederán también de Italia y Grecia, siempre y cuando ningún otro estado miembro solicite en los próximos 12 meses acogerse al programa porque su capacidad de recepción se vea desbordada.

El plan que presentó el pasado día 9 el presidente de la Comisión, Jean – Claude Juncker, incluía la posibilidad de sancionar a los Estados miembros que no asumieran su parte de solidaridad en el reparto, con una penalización del 0,002 de su PIB.