El Gobierno central, tras muchas reticencias del equipo de Rajoy, ha aceptado las cuotas propuestas por Bruselas para enfrentarse a la actual crisis de refugiados. Pero España afronta ahora, como vaticinó ACNUR, una crisis de acogida. Los sucesivos Ejecutivos crearon en los últimos años un laberinto burocrático que se traduce en trámites eternos e insuficiencia de recursos. Las autoridades construyeron un sistema que, según denunciaron repetidamente y durante lustros las ONG, dificultaba el acceso de los asilados. De hecho, en 2014, España rechazó el 57% de las peticiones de protección internacional. Un porcentaje que se elevaba en 2008 hasta el 95%, según Eurostat.

“Desde la aprobación de la primera Ley de Asilo en 1984, tan solo 180.580 personas han accedido a este procedimiento, muchas menos que en Alemania solo en 2014 (202.645)”, destaca la Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su último informe anual. Este documento, que revela que España solo recibe el 0,9% de todas las solicitudes de asilo registradas en la UE, incide también en las sucesivas medidas adoptadas por los Gobiernos para dificultar la concesión del estatus de refugiado.

“Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Asilo de 2009, una petición de protección internacional presentada en los puestos fronterizos o en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) —donde se tramitaron el pasado año el 26% de las solicitudes— tiene muchísimas más posibilidades de ser inadmitida a trámite o directamente denegada”, recalca CEAR, que añade: “Debido a los plazos tan reducidos de admisión o a la rapidez en la ejecución de la devolución a su país”. Este problema se acentuó el pasado año, después de que el Ejecutivo de Rajoy aprobase la legalización de las devoluciones en caliente: “Es una grave amenaza al derecho de asilo”.

Las peticiones de protección internacional recibidas en España se han multiplicado en los últimos meses a raíz de la guerra de Siria: han pasado de las 2.588 de 2012 a las 5.947 de 2014, según CEAR. Aunque esta última cifra se ha quedado pequeña. El país contabilizó 6.655 solicitudes solo en primer semestre de 2015, según Eurostat. Además, a finales de junio, se le acumulaba el trabajo y todavía tenía pendientes de resolver más de 12.000 expedientes —el doble que en septiembre de 2014—.

España, el pasado año, solo dio asilo a 1.585 personas. En 2012, a 525. Ahora, la Comisión Europea le exige que acoja a más de 15.000. Pero, pese a este aumento de las concesiones, las ONG critican la lenta e insuficiente respuesta que España ha dado a esta crisis de refugiados. “Lo que hemos visto de las actuaciones es el abandono a su suerte de los sirios. Todas las declaraciones de los gobernantes de la UE sobre el drama de la guerra y la necesidad de poner fin al conflicto se convierten en una cháchara hipócrita al examinar la suerte de las personas desplazadas por el conflicto bélico”, recalcaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en su último informe. Este último documento recoge cómo el incremento del volumen de trabajo había saturado el sistema de acogida; y cómo en Ceuta y Melilla, principal puerta de entrada de los asilados sirios, los trámites para la resolución de los expedientes se prolongan más de año y medio.