La buena voluntad no basta. La acogida de refugiados requiere previsión y planificación. Las negociaciones en Bruselas se eternizan y España no acaba de definir los planes de acogida de cerca de 17.000 refugiados que le corresponderían, según sendas propuestas comunitarias. Mientras, los trámites para los miles de solicitantes de asilo que ya están en España se eternizan y las ONG tratan de paliar con un paquete de subvenciones aprobadas por vía urgente las agudas necesidades, acumuladas durante más de un año largo de estrecheces. Las ONG doblan estos días el número de plazas para poder acoger a los que ya están en España y se encuentran en listas de espera, alojados en servicios de emergencia o incluso en la calle.

De los miles de refugiados que van a venir poco se sabe. El Gobierno explica que esperan a que la UE organice los traslados y que mientras trabajan en un protocolo Integral de Acogida e Integración, cuyo contenido no ha trascendido. Los mandatarios europeos se reunirán esta semana para decidir sobre las cuotas, pero en los despachos oficiales y de las ONG sospechan que la llegada podría demorarse semanas e incluso meses. “Pedimos saber cuándo y cómo van a venir y que haya una respuesta ágil”, dice Julia Fernández Quintanilla, directora general de Accem, una de las tres organizaciones responsables de la acogida.

Los plazos que maneja el Ministerio de Empleo, competente para la acogida, son los de un máximo de dos años, con llegadas escalonadas cada tres meses, según confirma a este diario Marina del Corral, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. En principio, serán refugiados de Siria, Afganistán, Irak y Eritrea.

Para que puedan venir deben crearse primero los llamados hotspots. Allí se entrevistará a los candidatos y se les trasladará en un máximo de dos meses desde el inicio del proceso al resto de países de la UE. Para la selección se tendrá en cuenta el idioma que hable el solicitante, los lazos familiares, culturales o sociales que tenga en países de la UE. No está contemplado sin embargo que el demandante de asilo elija voluntariamente a qué país quiere ir.

La distribución de los refugiados una vez en España es una de las múltiples incógnitas que rodea el proceso. Una de las ideas que se baraja es tener en cuenta el origen y la formación. Así por ejemplo si en Siria eran agricultores o pastores, se les podría acoger en zonas rurales. “Lo ideal es que se tengan en cuenta los perfiles”, explica Del Corral. Lo que no habrá, por lo menos de momento son cuotas para las CC AA.

Si se toma como referencia reasentamientos como los que se hacen desde Jordania, Cruz Roja explica que se podrían demorar cinco meses. Fuentes dipomáticas en Bruselas creen que en este caso se tratará de acelerar el proceso. “El problema es que ahora no nos lo podemos permitir. Nos preocupa mucho que Alemania, Austria o Hungría cierren las fronteras y esta gente se quede en pleno invierno en Los Balcanes”, explica José Javier Sánchez, subdirector para Migraciones de Cruz Roja, también encargada de la acogida. Sánchez cuenta que llevan meses hablando con albergues, hoteles y residencias vacías, pero que hasta que el Gobierno no les diga cuántos vienen, no pueden poner en marcha el dispositivo. La crisis en España ha dejado multitud de edificios de fundaciones, residencias o incluso hoteles vacíos, que ahora las ONG aspiran a dar un nuevo uso.

La financiación no será un problema. El Gobierno español ha insistido en que cumplirán con lo que pide Bruselas. Los grupos parlamentarios han aprobado una enmienda a los presupuestos de 200 millones para los refugiados, efectivos en 2016. La idea es que los que vengan se incorporen al sistema de acogida existente. “No podemos permitir ningún trato preferencial. Todos los refugiados tienen los mismos derechos”, indica la secretaria de Inmigración. El sistema actual es bueno sobre el papel, coinciden los expertos. El problema es que la falta de recursos de los últimos tiempos han saturado el sistema, como denunció recientemente el Defensor del Pueblo.

“Estamos muy preocupados por la tardanza en acoger a los reubicados, pero también nos preocupa en extremo […] que las que están en España esperando, en unas condiciones de extrema vulnerabilidad, se posponga sine die”, indicaba Accem esta semana en una carta enviada al Ministro del Interior y en la que detallaba que en Madrid un demandante tiene que esperar hasta cuatro meses para obtener una cita en la oficina de asilo y entrar en el sistema de acogida. Muchos se quedan en la calle. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) asegura que este año ha habido 400 personas esperando plaza. Consultado, el ministerio de Interior no ha ofrecido respuesta.

Tampoco entran en el sistema los refugiados devueltos por el Reglamento Dublín, que un día abandonaron su plaza y ahora se encuentran desprotegidos en España. Ni los que a los seis meses salieron de los centros por los recortes, para dejar hueco para los de la lista de espera. Ni los 1.300 sirios, 500 de ellos niños, que esperan meses en el centro temporal de inmigrantes de Melilla (CETI) el traslado a la Península. Allí, hacinados —la ocupación actual triplica la capacidad del centro— cualquier esfuerzo de integración resulta poco realista.

Fuera y dentro del sistema, la resolución de los expedientes se dilata. Frente a los tres a seis meses que requiere la ley, la media ronda el año, sin tener en cuenta casos de dos y tres años, según datos de Acnur.
Allanar las trabas burocráticas

El desempleo, coinciden la Administración y las ONG, es uno de los grandes retos para la integración de los refugiados en España. Muchos de ellos optan por emigrar al norte de Europa en busca de oportunidades y convierten a España en un país de tránsito. En los años de bonanza, en menos de los primeros seis meses de acogida, muchos encontraban trabajo en la construcción. Ahora ya no. Por eso, las ONG piden que se facilite la homologación de títulos y la eliminación de trabas administrativas para el acceso a la formación profesional. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado a los huidos de Yugoslavia, para los que se aprobó un sistema de homologación especial de títulos. “Hay que preverlo, hay que prepararse, que no nos pille sin haberlo previsto”, ha advertido el ministro.

“Allanar los trámites burocráticos” es para la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral un asunto prioritario, capaz de determinar el éxito o el fracaso de la integración. La homologación es solo uno de ellos. Para determinadas ayudas sociales por ejemplo, hay que haber estado empadronado cierto tiempo, o para alquilar un piso se pide un contrato de trabajo que los refugiados no tienen.

Coincide con ella Estrella Galán, secretaria general del Comité español de Ayuda al Refugiado (Cear), quien explica que la solidaridad despertada entre la ciudadanía ha calado también entre algunas grandes empresas, que han llamado a su puerta con la idea de ofrecer oportunidades laborales a refugiados. Más allá de experiencias puntuales, otra clave de la integración estará en ver si la incipiente recuperación económica española se consolida y es capaz de generar empleo.

Primero, tapar agujeros

Los 13 millones de euros en subvenciones recién aprobados se destinarán a solventar las carencias acumuladas durante más de un año y a alojar a los solicitantes en lista de espera. Cear, Accem y Cruz Roja, las tres organizaciones encargadas junto al ministerio de Empleo de la acogida duplican sus plazas con la nueva partida. Una plaza no es solo una cama, es también la asesoría jurídica, psicológica, el apoyo al empleo, las clases de español y el resto de servicios. Pronto habrá unas 1.500 plazas disponibles, unas 500 más que hasta ahora. El aumento de plazas permitirá además alargar la estancia para los casos de especial vulnerabilidad. “Vamos a doblar el número de plazas para los que ya están aquí, pero si vienen los 15.000 habrá que ampliar de nuevo”, dice Almudena Echevarría del Programa de refugiados de Cruz Roja.