Aunque la respuesta a la crisis humanitaria creada por los millares de refugiados que se concentran a las puertas de Europa tiene que venir del Gobierno central, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presiona desde su cargo para que se aceleren los preparativos para la acogida en España. Díaz se reunió ayer en el palacio de San Telmo con la representante en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Francesca Fritz – Prguda, con la que acordó intensificar la colaboración y aumentar un 10% la aportación del Gobierno autonómico, hasta llegar a un millón de euros.

A la vez, la presidenta andaluza no ahorró en críticas al Ejecutivo central, sobre todo a la «cicatería y lentitud» en la respuesta a la crisis, y urgió al presidente, Mariano Rajoy, a encabezar un pacto de Estado que dé respuesta «coordinada e inmediata» a la situación.

Cuatro mil refugiados

Andalucía ha recibido cuatro mil asilados, desveló, procedentes de Siria pero también de Irak, Palestina, Somalia y de diversos conflictos armados del cuerno de África. La representante de Acnur dijo que sólo por las costas andaluzas han entrado durante el año 2.300 refugiados.

También se refirió la presidenta andaluza a la actitud de los países europeos y propugnó sanciones a los estados miembros que, con sus trabas a los asilados, vulneran «los valores europeos». «Lo mismo que se exige a los gobiernos que cumplan con objetivos económicos y de déficit, también hay que exigir a los gobiernos que cumplan con los valores de la UE», dijo.

La presidenta de la Junta dijo estar segura de que el Gobierno puede actuar «más y mejor», sobre todo para «estar a la altura» de la oleadas de solidaridad que se han levantado en la sociedad. «Por muchas alambradas, muros o mares, no vamos a impedir que quien quiere salvar la vida huyendo de la guerra atraviese las fronteras. Si no damos respuestas ese espacio en las fronteras lo van a ocupar las mafias», declaró.

Díaz dijo que en la Junta todo está en marcha para actuar en el momento en que Madrid decida y garantizço la «lealtad» de su Ejecutivo.

El Gobierno andaluz va a reunir en una mesa de coordinación a la administración andaluza, ayuntamientos, diputaciones y organizaciones no gubernamentales, con el fin de dar una «respuesta inmediata» en cuanto el Gobierno central fije las personas a las que debe acoger la comunidad, al tiempo que se mostró en contra del establecimiento de cuotas, que calificó de «subasta». Aunque se ha hablado de que la comunidad recibiría de dos a tres mil personas, habrá que esperar, de momento, a la reunión que este miércoles tiene fijada la UE para conocer los avances que se acuerden.

La presidenta no entró a dar datos económicos de cuánto supondrá para la comunidad la acogida de este nuevo contingente, o qué cantidades viene gastando en atender a los refugiados de los frentes de guerra, aunque dijo que Andalucía es la comunidad que más aporta en materia de cooperación en España, una cifra que en 2015 ascendió a 45 millones de euros. A la vez, reclamó al Gobierno que reponga el Fondo Estatal de Acogida de Inmigrantes y su Refuerzo Educativo (FAIREA), que el PP eliminó.

La delegada de Acnur en España, por su parte, no escatimó elogios para la solidaridad de Andalucía y puso como modelo la actuación en Tarifa, que pudo conocer durante la crisis de pateras del verano de 2014, pero tampoco restó hierro a la dramática situación de los refugiados, que calificó de «insostenible». La reunión de este miércoles en Bruselas puede ser la «última oportunidad» para actuar en el conflicto humanitario.

Propugnó, por una parte, visados para estudiantes y humanitarios, medidas de reunificación familiar para evitar la actuación de las mafias, pero también encauzar la solidaridad en la sociedad, de modo que acompañen el «paquete» de sanidad, educación que debe facilitar la comunidad autónoma, con medidas de «acompañamiento social», por ejemplo para realizar trámites o para ayudar a la inserción en la comunidad de las personas que llegan.